El plan de presupuesto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el cual asciende en total a 1.52 billones de pesos, incluye más de 3 mil millones de dólares para el siguiente año fiscal para resolver problemas relacionados con la inmigración, que se ha convertido en una vulnerabilidad política para el mandatario en el inicio de su administración.
Dentro de esta petición de 3 mil millones de dólares para inmigración, 861 millones de dólares son para hacer frente a las crisis económicas y la corrupción en Centroamérica, que son algunos de los motivos que impulsan a la gente a abandonar sus países para llegar a Estados Unidos.
Esta financiación forma parte de un plan de 4 mil millones de dólares para los siguientes cuatro años destinado a combatir las causas profundas de la migración, lo cual se incluyó en la propuesta legislativa de Biden sobre inmigración. Ese proyecto de ley tiene muchas probabilidades de ser aprobado en el Congreso.
También dentro de los 3 mil millones, mil 200 millones de dólares se destinarían a mejorar la tecnología de seguridad en la frontera, incluidos los sensores para detectar cruces ilegales y el contrabando de mercancías, así como a modernizar los puertos de entrada para atender al creciente número de inmigrantes. La solicitud no incluye nuevos fondos para la construcción del muro fronterizo, cumpliendo una promesa de campaña de Biden de poner fin a una de las prioridades de Donald Trump.
Biden también propone 345 millones de dólares para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración acelere la tramitación de los casos de naturalización y asilo. Muchas personas que solicitan la residencia legal permanente y el asilo a menudo esperan años para que se decidan sus casos, y el retraso es una de las razones por las que la gente trata de cruzar ilegalmente a Estados Unidos.
El plan también busca aumentar el presupuesto de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia en un 21 por ciento, hasta a 891 millones de dólares, para contratar a 100 jueces de inmigración más y personal de apoyo para reducir los retrasos en los tribunales.
Aunado a ello, la propuesta incluye 470 millones de dólares para mejorar las investigaciones de las quejas del personal en las agencias federales sobre la frontera, “creencias ideológicas o no ideológicas” entre los agentes.