La reforma eléctrica propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, podría descarrilar más de 22 mil millones de dólares en instalaciones de energía solar, eólica y otras energías renovables propiedad de importantes empresas extranjeras como Iberdrola SA y Sempra Energy.
El proyecto de ley propuesto a los legisladores el mes pasado cancelaría algunos permisos de generación de electricidad otorgados a operadores extranjeros y daría prioridad a las antiguas plantas hidroeléctricas, nucleares y de gas natural administradas por la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los proyectos eólicos y solares se ubicarían al final de la lista, superando solo la generación a gas y carbón de proveedores no estatales. El proyecto de ley busca una garantía constitucional de que CFE posee el 54 por ciento del mercado en comparación con el 38 por ciento actual.
Aunque las empresas no estatales mantendrían hasta un 46 por ciento del mercado de electricidad según la propuesta, se espera que se revisen los contratos actuales. Están en juego hasta 15 mil megavatios de generación de energía limpia, según BloombergNEF.
López Obrador llegó al poder con la promesa de expandir el control estatal de la energía de México reduciendo reformas previas favorables al mercado. Ha sido criticado por compañías de energía renovable y grupos ambientalistas por impulsar una agenda basada en combustibles fósiles en un momento en que otras naciones están trabajando para frenar las emisiones.
Las empresas extranjeras han invertido mucho en México desde que su mercado eléctrico se abrió a la inversión privada en 2013 y 2014.
Los cabilderos de las energías renovables han advertido que los cambios propuestos podrían socavar las promesas que hizo México en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático, y el proyecto de ley ha recibido más críticas internacionales que cualquiera de los intentos anteriores del presidente de otorgar al estado un mayor control sobre el mercado energético. Las cámaras empresariales de Estados Unidos y Canadá enviaron una carta al presidente Joe Biden y al primer ministro canadiense Justin Trudeau antes de una cumbre de líderes el jueves con el presidente mexicano para denunciar las reformas.
Obtener la aprobación del proyecto de ley no será fácil y requerirá que el partido gobernante Morena de AMLO y los aliados legislativos se ganen a los legisladores de la oposición para obtener la mayoría de dos tercios necesaria para la aprobación en ambas cámaras. La medida también requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
La actual sesión del Congreso finaliza a mediados de diciembre, lo que deja a los legisladores solo unas pocas semanas para definir los detalles de cualquier acuerdo. Se espera que los legisladores federales y estatales voten en su totalidad sobre el proyecto de ley a mediados de abril, según Ignacio Mier, líder de Morena en la cámara baja.
Los bonos de CFE disminuyeron, lo que indica que los inversores no esperan que el proyecto de ley obtenga la aprobación final. La consultora de riesgo político Eurasia Group otorga a la medida solo un 30 por ciento de posibilidades de aprobación en su forma actual.
Aún así, funcionarios del partido opositor PRI le han dicho a Bloomberg que existe la posibilidad de que tenga éxito después de que sus propios líderes dijeron que quieren debatir la medida y no rechazarla de plano.