Este reportaje fue publicado en noviembre de 2015 por Bloomberg, luego de que enero de ese año la misma agencia de noticias revelara que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigaba si Citi permitió a sus clientes mover dinero ilícito a través de su entidad en México.
Cuando Antonio Peña Argüelles en 2005 abrió una cuenta en Banamex USA de Citigroup, los documentos de identificación del cliente decían que tenía una pequeña empresa de cría de ganado y ciervos de cola blanca, criados en su rancho por sus majestuosas cornamentas.
Unos 50 dólares mensuales ingresarían a la cuenta, de acuerdo con los documentos.
Una semana después, Peña Argüelles transfirió 7.09 millones de dólares desde una cuenta de México, presuntamente dinero de la droga del cartel de Los Zetas, dicen documentos de su causa por lavado de dinero en Texas.
En total, Peña Argüelles movió 59.4 millones de dólares a través de la cuenta, según un informe confidencial de los reguladores bancarios que amonestaron a Banamex USA en 2013 por no cumplir con las normas de prevención del lavado de dinero.
Banamex USA no presentó un informe de actividad sospechosa sobre la cuenta, según los reguladores, ni siquiera después de que el hermano de Peña Argüelles, Alfonso, fue asesinado a fines de 2011 y su cuerpo apareció en el monumento a Cristóbal Colón de Nuevo Laredo, cubierto por una bandera en la que se acusaba a Antonio de ser lavador de dinero y robar a Los Zetas.
El banco no generó un informe de actividad luego de que los fiscales estadounidenses pidieron los documentos de la cuenta a fin de ese año ni cuando, a comienzos de 2012, Peña Argüelles fue acusado de conspiración por lavar instrumentos monetarios.
Y no presentó un reporte hasta mayo de 2013, meses después de que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Supervisión de Empresas de California en agosto de 2012 emitieron una orden escrita en la que pedían al banco que revisara las cuentas viejas.
Por eso, en junio de 2013, cuando más de una docena de ejecutivos de Citigroup y Banamex USA entraron a una reunión para analizar cuánto habían avanzado en el cumplimiento de esa orden, se encontraron con un grupo de reguladores estatales y nacionales muy enojados.
"La supervisión de los negocios del banco por parte de los directivos y el directorio ha sido gravemente deficiente", escribieron la FDIC y el organismo de California sobre Banamex USA en el informe confidencial, revisado por Bloomberg, que nunca se ha publicado.
"La disposición a aceptar y mantener la relación con un cliente asociado a una importante actividad ilícita revela el apetito del directorio por el riesgo para su reputación y el lavado de dinero".
El informe criticaba duramente a Banamex USA por hacerse de la vista gorda y no resolver los problemas pese a que ese año había destinado 32 millones de dólares sólo para corregirlos.
Mark Costiglio, portavoz de Citigroup en Nueva York, dijo en un correo electrónico que Banamex USA ha realizado un "amplio esfuerzo a lo largo de una cantidad de años" para dar respuesta a las preocupaciones de los reguladores, como por ejemplo reforzar los controles y poner fin a la relación con determinados clientes.
Siete años después de que la crisis financiera puso al descubierto la incapacidad de Wall Street para contener el riesgo, los grandes bancos mundiales todavía tienen dificultades para erradicar la mala conducta y gestionar de manera rentable sus operaciones internacionales.
Han pagado miles de millones de dólares de multas luego de que se descubriera que sus empleados habían manipulado las referencias de las tasas de interés y el tipo de cambio, ayudado a los clientes a evadir impuestos y canalizado dinero a países como Sudán e Irán.
Los grandes bancos, incluido Citigroup, continúan teniendo tropiezos para cumplir con las leyes antilavado de los Estados Unidos. Citigroup fue amonestado repetidas veces en las últimas dos décadas por no supervisar de manera adecuada a los grupos que utilizan el sistema financiero para convertir los fondos sucios en medios legales de pago.
Desde que en 2012 HSBC Holdings acordó pagar mil 900 millones de dólares por fallas en materia de lavado de dinero en México y violación de sanciones, ese banco y otros interrumpieron sus relaciones con algunas entidades de préstamo y casas de cambio extranjeras.
"Este es el tipo de situación en la que, si uno es un alto directivo de Citi, tiene que decir: '¿Qué estamos haciendo?'". dice Jack Blum, exinvestigador de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
Lo que muestran el relato de los reguladores sobre el caso Peña Argüelles y las entrevistas con más de una docena de exempleados y asesores de Citigroup es que Banamex USA toleró una cultura de la negligencia durante los años en que se movió dinero a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
Y permiten echar una mirada poco frecuente a cómo Citigroup no supervisó un negocio pequeño pero riesgoso en un rincón de sus operaciones mundiales.
Los reguladores usan las palabras "failed" (no cumplir) y "failure" (incumplimiento) más de sesenta veces en su informe para describir cómo Banamex USA no respetó las normas antilavado de dinero antes y después de que se le ordenara hacerlo.
Estas fallas ahora son objeto de una investigación del gobierno que podría costarle a Citigroup cientos de millones de dólares de multas, según una persona con conocimiento del tema.
"Uno sin duda pensaría que, con todas las idas y venidas, el proceso de revisión de los antecedentes del cliente habría merecido un análisis mucho más agresivo y minucioso de ese cliente", dice Alonzo Peña, exsubdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que ahora trabaja como asesor de seguridad para compañías que hacen negocios en América Latina.
El máximo responsable ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, se comprometió en abril a poner a 30 mil personas a trabajar en las funciones de contralor normativo para fines de 2015, lo que representa un aumento del 15 por ciento interanual. Desde entonces, Citigroup sigue recibiendo multas.
En mayo, el banco llegó a un acuerdo por investigaciones sobre manipulación del tipo de cambio, acordando pagar al gobierno de Estados Unidos 925 millones de dólares, y su división Citicorp se declaró culpable del delito grave de conspirar para manipular el precio de los dólares estadounidenses y los euros.
En julio, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor ordenó a Citigroup pagar 700 millones de dólares a los clientes por prácticas ilegales relacionadas con la comercialización de productos complementarios de las tarjetas de crédito.
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Citigroup todavía está bajo las órdenes de sus dos reguladores principales, la Reserva Federal y la Superintendencia de Entidades Financieras (OCC, por sus siglas en inglés), de corregir sus prácticas antilavado de dinero y está sometido a una investigación del Departamento de Justicia que se centra en los controles de lavado de dinero de Banamex USA.
Costiglio, el portavoz de Citigroup, no accedió a efectuar declaraciones sobre acusaciones específicas contenidas en el informe de la FDIC y efectuadas por exempleados.
En términos generales, defendió los esfuerzos del banco. "Citi está comprometido con implementar el sistema más sólido posible contra el lavado de dinero y con el cumplimiento de las sanciones", señaló Costiglio.
"Comprendemos cabalmente nuestra obligación de estar atentos y reaccionar ante los patrones cambiantes del comportamiento delictivo y terrorista. En los últimos años, hemos invertido casi mil millones de dólares anuales y ahora tenemos más de 11 mil empleados a tiempo completo para prevenir el lavado de dinero".
Banamex USA, que tiene su sede central en Century City, California, era la rama estadounidense de Banamex, el tercer banco de México, cuando Citigroup compró la entidad de préstamo en 2001.
La división estadounidense operó como California Commerce Bank durante los siguientes cinco años, ofreciendo tarjetas de crédito en dólares a los clientes mexicanos que viajaban al norte, manteniendo cuentas de depósito como la utilizada por Peña Argüelles y transfiriendo dinero a México y otros lugares como parte de un acuerdo con Western Union.
Aunque California Commerce formalmente era parte de la división bancaria estadounidense, Citigroup empezó a usar el nombre de Banamex en 2006 para alinearlo más estrechamente con la empresa mexicana.
Si bien el grupo de contralor normativo de la división reportaba a Nueva York, las divisiones bancarias trabajaban estrechamente con México, aseguran los ex empleados.
En 2010, el máximo responsable ejecutivo de Banamex USA, Salvador Villar, se embarcó en una estrategia de expansión que finalmente atrajo la atención de los reguladores.
En junio de ese año, la división tenía dos sucursales, en Century City y Calexico, California. Un año después, la cantidad había llegado a 17, ubicadas en diferentes puntos de California a Texas, con muchas a lo largo de la frontera mexicana, según la FDIC.
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La estrategia coincidió con una iniciativa de Manuel Medina-Mora, CEO de Banamex cuando se vendió a Citigroup, que a esa altura había llegado a ser responsable de banca minorista de Citigroup en las Américas. Medina-Mora, quien no respondió los correos electrónicos en los que se le pedían comentarios, envió un memo al personal en julio de 2010 donde detallaba "inversiones plurianuales en personal, infraestructura y comercialización" para ampliar el negocio minorista en América del Norte.
En 2012, el banco abrió una sucursal en Laredo, Texas, en el concurrido Mall del Norte, a aproximadamente 1.6 kilómetros del Río Grande.
En abril de ese año, Sonia de Pau abrió una cuenta. Dijo ser un ama de casa mexicana que quería ahorrar dinero en dólares para pagar gastos personales, de acuerdo con el informe de la FDIC.
La FDIC no identificó a De Pau o Peña Argüelles por nombre. Los llamaba Cliente A y Cliente B. Pero el informe daba muchos detalles sobre sus casos, incluida información sobre el exmarido de de Pau, que había sido acusado de lavado de dinero y fraude bancario en Estados Unidos, y el momento del procesamiento de Peña Argüelles, lo que permitió identificarlos.
En noviembre de 2012, De Pau depositó un cheque por 25 mil dólares. Once días después, depositó un cheque de caja emitido por el International Bank of Commerce de Brownsville, Texas, por un total de 1.44 millones de dólares.
"Cuando una persona dice ser ama de casa y maneja esa cantidad de dinero, alguien debería hacerse preguntas", señala Peña, el exfuncionario de inmigración.
Lo que Banamex USA no advirtió hasta después de que De Pau había vaciado la cuenta, de acuerdo con el informe de la FDIC, era que ella había sido detenida en México casi un año antes de presentarse en Banamex USA.
Se decía que era operadora financiera del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, según el informe de la FDIC. Éste fue acusado en Texas en mayo de 2012 por presuntamente recibir sobornos de carteles de la droga y lavado de fondos.
Los sobornos provenían o se le entregaban en nombre de Los Zetas, para los que había trabajado Peña Argüelles, así como el Cartel del Golfo, según una declaración jurada de la causa contra el exmarido de de Pau. Ella, en un programa de testigos protegidos en México, no pudo ser contactada para que efectuara de declaraciones.
Al banco se le había avisado que había un problema antes de que De Pau retirara el dinero de la cuenta. El 3 de diciembre de 2012, Banamex USA se contactó con Banamex de México y se le dijo que De Pau tenía una cuenta allí y que estaba bloqueada por orden judicial.
Banamex USA no hizo nada hasta el 20 de diciembre, cuando presentó un reporte de actividad sospechosa ante la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos, decía el informe de la FDIC.
Hasta eso fue insuficiente, porque no mencionaba que De Pau ya había extraído la mayor parte del dinero.
Después del primer informe, el banco no llevó a cabo una revisión por actividad sospechosa continuada, tal como exigen las normas que rigen la presentación de informes, lo que impidió que los organismos policiales pudieran rastrear dónde se depositaron más tarde los fondos, según el informe de la FDIC.
Antes de que la agencia emitiera un acuerdo formal en agosto de 2012, en el que detallaba lo que el banco tenía que arreglar, lo que se conoce como auto de avenimiento, los directivos de la entidad mostraron mínimo interés o capacidad para detectar o informar sobre transferencias sospechosas, señaló el organismo en el informe.
Aun después de emitida la orden, el banco se demoró en resolver las deficiencias, dijeron los reguladores. Muchos de los esfuerzos que hizo a partir de mediados de 2013 fueron ineficaces.
Para cuando la FDIC entregó su informe a los ejecutivos del banco, la Fed había presentado su propio auto de avenimiento con Citigroup, mencionando las deficiencias de Banamex USA.
El documento, al igual que el de la FDIC, reclamaba un plan para cerrar las grietas que tenía el proceso de investigación de antecedentes y para financiar personal, sistemas y otros recursos.
La OCC, el regulador que correspondía al banco nacional de Citigroup en Estados Unidos, emitió una orden separada en 2012 en la que exigía una mejora en los controles de lavado de dinero.
En enero de 2015, el Departamento de Justicia envió una citación a la división mexicana de Citigroup para continuar con una investigación sobre Banamex USA que se centra en la transferencia de fondos entre Estados Unidos y México.
La información que pedía esa citación pone de relieve muchas de las cuestiones planteadas por la FDIC.
Hizo falta la orden de la Fed de 2013 para que los altos directivos de Citigroup tomaran medidas respecto a Banamex USA, según dos personas que trabajaban en el banco en aquel momento, y el personal de contralor normativo de Nueva York pronto se dirigió a las oficinas de Century City.
No fueron los únicos. También llegó un equipo de consultores independientes, con por lo menos seis firmas que trabajaban en diversos proyectos.
Cuando el personal pasó de unas 200 personas a 700 o más, el banco se quedó sin espacio para albergar a toda esa gente en los pisos que ocupaba en lo alto de una torre de 44 pisos al oeste del centro de Los Ángeles. Algunos empleados se vieron obligados a instalarse en los pasillos, según tres personas que trabajaron allí.
El avance fue lento. Los consultores trabajaban aislados, y a los altos funcionarios de contralor normativo no se los alentaba a compartir la información dentro del departamento, según un ex empleado de Citigroup que trabajó en el proyecto.
El personal de contralor normativo y auditoría interna de Citigroup no podía revisar con facilidad la correspondencia que circulaba dentro de la división porque los correos electrónicos de Banamex USA se guardaban en servidores independientes, dicen dos exempleados.
Menos de dos semanas después del auto de avenimiento de 2013 de la Fed, Citigroup le dio licencia a Villar, eligiendo como CEO a Rebecca Macieira-Kaufmann, ahora de 51 años, entonces presidenta de la rama de California de Citigroup. Villar, que no accedió a efectuar declaraciones, dejó el banco en septiembre de ese año.
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Macieira-Kaufmann contrató a un nuevo funcionario de Secreto Bancario cuya misión era garantizar que Banamex USA cumpliera con las normas contra el lavado de dinero.
También sumó más empleados a la supervisión del control de transacciones, los procedimientos de revisión de antecedentes de los clientes y el cumplimiento de las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que prohíben que las empresas estadounidenses hagan negocios con determinados individuos y firmas.
El nuevo equipo pronto quedó empantanado en las minucias de responder el auto de avenimiento, según dos exempleados. Los ejecutivos dividieron los documentos por párrafos y crearon listas de puntos para abordar cada deficiencia.
Cuando se completaba una serie de ellos, los directivos organizaban una fiesta de helados o llevaban una canasta de fruta a la sala de conferencias para festejar con el personal, dice una persona que estuvo presente.
Para el otoño de 2014, el banco había completado sólo la mitad de lo que pedían los reguladores y no lo cumplió en su totalidad hasta junio de 2015, señaló otra persona. Citigroup no accedió a poner a Macieira-Kaufmann a disposición para que efectuara declaraciones.
En su momento de mayor auge, Banamex USA era sólo una pequeña parte de un banco mundial que abarcaba todo el planeta.
La división nunca tuvo más de 3 mil millones de dólares de activos, frente a los 18 billones de Citigroup. Sin embargo, sus fallas en el cumplimiento de las normas preanunciaban deficiencias en el control de riesgos en otros sectores del banco, incluido un fraude crediticio de 400 millones de dólares y un escándalo de malversación de fondos en 2014 en Banamex, la subsidiaria internacional más grande de Citigroup.
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Los problemas de lavado de dinero de Citigroup, y la indignación que generan en los reguladores, existen desde hace décadas.
El banco ayudó a Raúl Salinas, hermano del presidente de México en aquel momento, a transferir 100 millones de dólares a cuentas de Suiza y el Reino Unido a mediados de los años 90 y ocultó la fuente de los fondos, según un informe de 1998 de la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos, al que siguieron audiencias en el Senado al año siguiente.
En 2001, una comisión de investigaciones del Senado dijo que Citigroup permitió que cientos de millones de dólares pasaran por la cuenta de un banco corresponsal de Argentina después de que oficiales de policía de Estados Unidos ordenaron la confiscación de 7.7 millones de dólares de dinero presuntamente proveniente de la droga. Los reguladores japoneses cerraron el banco privado de la firma en 2004 por no efectuar controles de lavado de dinero.
Cinco años después, a Citigroup se le prohibió durante un mes comercializar servicios bancarios a particulares de Japón porque no contaban con controles de lavado de dinero adecuados.
El portavoz de Citigroup Costiglio dijo que el banco ha reforzado su programa de contralor normativo "atravesando límites geográficos y de negocios" y ha perfeccionado los controles, la tecnología y las operaciones de auditoría en favor de un "enfoque de tolerancia cero".
1. JPMorgan Chase (2014) con 2.05 mil millones de dólares (mmdd)
2. HSBC Holdings (2012) 1.92 mmdd
3. Commerzbank (2015) 1.45 mmdd
4. Standard Chartered (2014, 2014) 740 millones de dólares (mdd)
5. Wachovia Bank (2010) 160 mdd
6. Citigroup (2015) 140 mdd
Citigroup no es el único banco mundial que recibió sanciones por tener controles deficientes vinculados a operaciones en México.
Wells Fargo pagó 160 millones de dólares en 2010 después de que Wachovia, firma que la entidad compró en 2008, reconoció que voluntariamente había desistido de tener en marcha un programa antilavado para las transacciones con casas de cambio mexicanas.
En 2012, HSBC acordó pagar mil 900 millones de dólares por fallas similares, así como también por violar las sanciones. Se descubrió que ambos bancos habían permitido que los carteles mexicanos de la droga lavaran dinero a través de sus instituciones.
Podrían ser necesarias sentencias de cárcel para altos ejecutivos o multas aún más elevadas para que más bancos presten atención a la prevención del lavado de dinero, dice Jerry Robinette, exfuncionario de contralor normativo de JPMorgan Chase que fue el agente a cargo de Investigaciones de Seguridad Interior en San Antonio.
"Hasta que no se empiece a mandar gente a la cárcel, allí estarán los bolsillos para cumplir con las sanciones", dice. "Hay que llegar a que los fines no justifiquen los medios para empezar a ver que la gente piensa de otra manera".
El mismo día del acuerdo de HSBC, los funcionarios de Banamex USA de Laredo no hicieron sonar la alarma cuando Sonia de Pau retiró 1.4 millones de dólares de su cuenta.
Pero la falla más importante parece ser Antonio Peña Argüelles y la falta de acción del banco pese a la publicidad del asesinato de su hermano en 2011, uno de los 27 mil 213 ocurridos en México ese año, el de más homicidios en la historia de México, según la oficina nacional de estadísticas.
"Un asesino lavador de dinero aún vive en Estados Unidos, cómodo y tranquilo", decía la bandera colgada sobre el cuerpo, refiriéndose al hermano del muerto.
Antes de que se agriaran las relaciones con los Zetas –Peña Argüelles y su hermano presuntamente le robaron 5 millones de dólares al cartel, según la declaración jurada de un agente de la Administración para el Control de Drogas-, también les había permitido a los Zetas usar su rancho para vender drogas, eludiendo un puesto de control federal, y actuaba como contacto entre el jefe del cartel y varios políticos mexicanos, decía la declaración jurada.
En marzo de 2014, Peña Argüelles, de 60 años, se declaró culpable en un tribunal federal de Texas de conspiración para lavar dinero y fue condenado a 30 meses de cárcel, sentencia que ha cumplido casi en su totalidad.
Acordó entregar unos 5.5 millones de dólares en efectivo y propiedades. Su abogado, Gerry Goldstein, no accedió a poner a Peña Argüelles a disposición para esta nota, haciendo referencia a una demanda que presentó para tratar de recuperar parte de las propiedades que perdió. Charlie Strauss, asistente del fiscal de San Antonio que llevó adelante la acusación, no accedió a efectuar declaraciones sobre el caso ni sobre Banamex USA.
La FDIC le aplicó a Banamex USA una multa de 140 millones de dólares en julio por violar las leyes antilavado. No proporcionó un cálculo de cuánto dinero se lavó en realidad, si es que lo hubo. Barbara Hagenbaugh, portavoz del organismo, no accedió a efectuar comentarios sobre la acción ni sobre el informe de 2013.
Si Peña Argüelles entrara a una sucursal de Banamex USA hoy, encontraría una institución muy distinta. De hecho, probablemente se lo rechazara… y no sólo por sus antecedentes. En julio, Citigroup dijo que cerraría las sucursales restantes de Banamex USA y reduciría paulatinamente sus actividades.