Tras la resistencia de los jueces de su condado, las comunidades de Valle del Río Grande, Laredo y El Paso han sido eliminadas de la “delegación de desastres de crisis fronteriza” del gobernador Greg Abbott.
Los jueces de estos condados se niegan a declarar a sus comunidades como zona de desastre y no están de acuerdo en asociarse con el estado en sus esfuerzos de “seguridad fronteriza”, incluido el arresto y la detención de inmigrantes indocumentados por entrar sin autorización, argumentando que la seguridad fronteriza es un problema federal, no estatal.
La noticia de la omisión se anunció en un comunicado de prensa de la Oficina del Gobernador.
“El gobernador Greg Abbott ha emitido una declaración de desastre revisada en respuesta a la crisis fronteriza, que proporciona más recursos y estrategias para combatir la afluencia constante de inmigrantes ilegales”, indicó el comunicado.
El 10 de junio, poco después de declarar la región fronteriza como un desastre, Abbott se reunió con alguaciles locales, jefes de policía, jueces del condado, alcaldes y fiscales de distrito de las comunidades fronterizas en el Río, pidiendo su asociación para asegurar la frontera, y la construcción de un “nuevo” muro fronterizo.
Muchos líderes de condados fronterizos más pequeños geográficamente dijeron que trabajarán con Abbott. Los de los condados fronterizos más poblados dijeron que no lo harían; los legisladores Demócratas de todo Texas se oponen.
El líder de los legisladores y presidente del comité de seguridad Henry Cuellar aseveró: “no habrá muro solo porque el gobernador de Texas lo pida, él obtendrá cero fondos federales, vigilaremos que no se hagan mal uso de los fondos federales”.