Nuevo México planea construir una nueva clínica de aborto cerca de la frontera con Texas, anticipando que acudan a ella más solicitantes de los estados vecinos, donde el procedimiento ahora está prohibido.
El aborto es legal en Nuevo México, mientras que los vecinos Texas y Oklahoma han prohibido los abortos en todas las etapas del embarazo -con excepciones limitadas- luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la decisión Roe contra Wade de 1973, sosteniendo que ya no existe un derecho constitucional federal al aborto.
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham firmó recientemente una orden ejecutiva en la que se designan 10 millones de dólares de capital ejecutivo para una clínica de atención a la salud reproductiva en el condado de Doña Ana, mismo que colinda con Texas.
En esta clínica se dará atención a la salud reproductiva, incluyendo la atención preventiva regular, la planificación familiar, la atención prenatal, el trabajo de parto, la atención y el apoyo posparto, el asesoramiento y el apoyo a la lactancia, el aborto y la gestión médica adecuada del aborto espontáneo y la pérdida del embarazo.
“A medida que más estados se mueven para restringir y prohibir el acceso a la atención reproductiva, Nuevo México continuará no sólo protegiendo el acceso al aborto, sino ampliando y fortaleciendo la atención a la salud reproductiva en todo el estado”, dijo la gobernadora Luján Grisham.
También, la orden ejecutiva solicita al Departamento de Salud desarrollar un plan detallado para aprovechar los recursos y ampliar el acceso al aborto en las zonas rurales y desatendidas del estado, trabajar para que los medicamentos para el aborto estén disponibles en las clínicas de salud pública de Nuevo México y para reducir los tiempos de espera y aumentar el acceso en todo la entidad.
Por último, la orden pide al Departamento de Servicios Humanos que aplique políticas que mejoren esa eficiencia y la sostenibilidad del acceso a los servicios de salud reproductiva en Nuevo México. La orden ejecutiva fue firmada junto con la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Nuevo México y los legisladores estatales.