LAREDO, Texas.- La pandemia del COVID-19 desató muchos problemas económicos en la mayoría de las familias estadounidenses y eso provocó que el riesgo por desalojos habitacionales se incrementara a tal medida que el gobierno federal tuvo que asignar una cantidad histórica de fondos para ayudar a los estados y ciudades a mantener en sus hogares a inquilinos de bajos ingresos.
Mediante dos cuotas, ciudades y condados de Texas recibieron casi $1 mil millones de dólares para asistencia de alquiler, una suma sin precedentes; sin embargo, ese dinero tenía una fecha límite para ser utilizado y no se logró cumplir aún cuando la necesidad existía.
De acuerdo con un informe publicado el martes por Texas Housers, un grupo de defensa y política de vivienda, algunos programas de Asistencia de Emergencia para el Alquiler en todo el estado de la estrella solitaria variaban ampliamente en su efectividad en la distribución de fondos, lo que resultó en más de $30 millones de dólares de ayuda perdida cuando el gobierno federal los retiró.
Factores como la escasez de personal, la oposición política de los funcionarios locales, la falta de experiencia en la ejecución de programas de asistencia de emergencia y la desconfianza general de las comunidades inmigrantes en el alcance del gobierno, afectaron el éxito de los esfuerzos para hacer llegar la ayuda a los inquilinos y propietarios durante la pandemia.
En el informe se analizaron 10 de los 37 programas locales de alivio de alquiler que surgieron en ciudades y condados de Texas.
La analista de investigación de Texas Housers y autora del informe, Erin Hahn, dijo que el contexto local desempeñó un papel muy importante en la forma en que las jurisdicciones locales pudieron administrar el dinero.
“Los condados más pequeños que no tenían experiencia en la administración de ayuda o acceso a socios lucharon durante meses para sacar dinero”, explicó.
Texas distribuyó $983 millones de sus casi $3.4 mil millones de dólares en fondos federales para Asistencia de Emergencia al Alquiler en ciudades y condados que pudieran canalizar los fondos a inquilinos y propietarios. Sin embargo, fue una tarea difícil para muchos, pues hubo funcionarios locales a cargo de la distribución de los recursos quienes nunca antes habían administrado un proyecto similar, y menos de esa dimensión , por lo cual tuvieron que crear programas completamente desde cero y con poca orientación.
Lo anterior limitó la eficacia de algunos programas para tramitar la obtención de los fondos ágilmente y que los beneficiarios pudieran acceder a este, según lo reveló Texas Housers.
Además, otra limitante fue la oposición política ya que hubo lugares como el condado de Hays donde se pidió documentación adicional que ralentizó el proceso para comprobar que las personas en realidad necesitaban la ayuda.
Actualmente las protecciones para los inquilinos contra el desalojo caducaron hace tiempo, los fondos federales de alivio de la renta se han agotado y los desalojos han vuelto o superado los niveles previos a la pandemia en muchas partes de Texas.