Laredo, Texas.- El legislador republicano Matt Schaefer, de Tyler, Texas, presentó ante la Cámara de Representantes estatal un proyecto de ley a través del cual se establecería una “Unidad de Protección Fronteriza” que dispondría de ciudadanos para actividades de carácter policial con la finalidad de “asegurar” la frontera con México y así evitar cruces de migrantes ilegales.
La propuesta fue escuchada en el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara y provocó fuertes críticas de los demócratas e hizo que cientos de personas se registraran para oponerse al controvertido proyecto.
De acuerdo con lo presentado por Schaefer, la ley permitiría a oficiales del orden público comisionados para estas actividades, junto con ciudadanos voluntarios, postularse para formar parte de una Unidad de Protección Fronteriza, la cual estaría bajo las órdenes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, y ayudaría con operaciones de monitoreo a lo largo de la frontera con México.
“Estamos en peligro inminente como estado. Simplemente no hay suficientes fuerzas del orden público para perseguir el veneno que se está bombeando”, dijo el republicano al presentar la propuesta.
La unidad sería asignada para ayudar a detener la ola de inmigrantes no autorizados que ingresan a Texas, por lo cual el gobernador Greg Abbott nombraría un jefe de dicha unidad. Sin embargo, tanto los suboficiales en el proyecto de ley, como los ciudadanos voluntarios, tendrían que contar con experiencia previa en la aplicación de la ley, además de cumplir con otros requisitos establecidos.
Por ejemplo, los ciudadanos que participen en esta unidad no tendrán autoridad para arrestar, a menos que estén capacitados para ello y tengan autorización del gobernador.
Además, con la ley planteada por Schaefer, la entrada ilegal al país por Texas se convertiría en un delito grave de tercer grado, “independientemente del estatus migratorio de la persona”.
Como era de esperarse cuando se trata de temas relacionados a la migración, ya iniciaron las disputas y comentarios respecto a esta propuesta, pues contradice directamente a la política que los republicanos tildan de “puertas abiertas” del presidente Joe Biden, y llega justo a pocas semanas de que se culmine la restricción fronteriza Título 42 a través de la cual Estados Unidos expulsa a migrantes y los devuelve a su país de origen para evitar la propagación del COVID-19.
Esta propuesta podría ser inconstitucional, atentar contra los derechos humanos e ir en contra de los compromisos contraídos por Estados Unidos en materia de derecho internacional, además de que crearía conflicto de autoridades locales con estatales y federales.
Al respecto, organizaciones defensoras de derechos civiles y demócratas del estado denunciaron rápidamente la iniciativa. La propuesta también atrajo comparaciones con una “prohibición a las ciudades santuario” de 2017 que le permitía a la policía preguntarles a las personas cuál era su estatus migratorio, y amenazaba a los alguaciles y jefes de policía con penas de cárcel si se negaban a cooperar con las autoridades federales para hacer cumplir la ley de inmigración.
Esa propuesta se convirtió en ley, pero más tarde fue impugnada en los tribunales y está pendiente de resolución, según Alexis Bay, coordinador legislativo del programa Beyond Borders en el grupo activista Texas Civil Rights Project.