CDMX

Lavalle Maury enfrentará su proceso penal en el reclusorio; rechazan modificar prisión preventiva

Los magistrados resolvieron por infundados e improcedentes los argumentos del exsenador del PAN.

El exsenador pidió modificar la prisión preventiva justificada y con ello acceder a la posibilidad de seguir su proceso en libertad. (Wikipedia)

Un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México se negó a modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, dictada en abril pasado a Jorge Luis Lavalle Maury.

Por ello, el exsenador del PAN deberá permanecer en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México para enfrentar desde ahí el proceso penal que se le inició por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

La decisión la tomó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien concedió una suspensión definitiva a Lavalle Maury, dentro del expediente amparo en revisión 94/2021.

Los magistrados de dicho Tribunal resolvieron por unanimidad desechar, por infundados e improcedentes, los argumentos de Lavalle Maury quien pidió modificar la prisión preventiva justificada y con ello acceder a la posibilidad de seguir su proceso en libertad.

El panista tramitó en abril pasado el juicio de amparo 316/2021 ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de Mexico.

Dicho recurso fue promovido contra la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga dictada por Marco Antonio Fuentes Tapia, juez de control federal, durante la audiencia inicial del 8 y 9 de abril de 2021 en la que la Fiscalía General de la República judicializó contra Lavalle Maury la denuncia de Emilio Lozoya por actos de corrupción ligados al caso Odebrecht.

Lavalle Maury argumentó ante el Juez Segundo que mantenerlo preso implicaba afectación directa a sus cuatro hijos (tres de ellos menores de edad) quienes dependen económicamente de él.

Dijo que él es el responsable del cuidado y alimentos de sus cuatro hijos y agregó que al mantenerlo se le limita prácticamente de manera absoluta de obtener recursos económicos para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, con lo que se les está ocasiona a éstos afectaciones de la mayor relevancia y gravedad, con efectos irreparables.

El 11 de mayo, el citado juzgador concedió la suspensión definitiva pero se negó a modificar la medida cautela de prisión preventiva justificada al considerar que no era ni legal ni materialmente posible dicha pretensión.

“Resulta improcedente concederla para que se le permita continuar el procedimiento en libertad, aun cuando alegue que la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta afecta o daña irreparablemente a sus cuatro hijos”, dijo el Juez Segundo..

Indicó que no se observa alguna circunstancia de la cual pudiese advertirse una situación que afecte la integridad física o emocional de sus hijos, o que amerite concederle la medida para que se le permita continuar el procedimiento en libertad.

“De aceptar lo contrario, llegaríamos al absurdo de que la prisión preventiva no podría imponerse a una persona que tuviere dependientes directos como hijos menores de edad, lo cual desde luego no fue la intención del constituyente permanente”, dijo el juez.

Por ello, precisó que el efecto de la suspensión concedida es para que el quejoso quede a disposición del juzgado de amparo por cuanto hace a su libertad personal y a disposición de la autoridad judicial rectora del procedimiento penal para la continuación del mismo.

El Quinto Tribunal, al analizar la impugnación que presentó Lavalle Maury, ratificó el criterio del Juez e insistió en que es jurídica y materialmente imposible modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.

Agregó que al mantenerlo privado de su libertad tampoco se afecta los derechos de la niñez en agravio de sus hijos.

Lavalle es parte de la lista de 16 exlegisladores que exigieron y recibieron sobornos por parte de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a cambio de votar a favor de la reforma energética de 2014, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Por este caso también será imputado el 17 de septiembre próximo, Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN y legislador de ese partido.

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