En septiembre pasado, en medio de una rotonda a lo largo del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, las activistas feministas subieron a un zócalo vacío e instalaron una talla de madera de una mujer levantando el puño hacia el cielo. Durante meses, la silueta tallada a mano y pintada de púrpura presidió una pared de paneles metálicos cubiertos con los nombres de madres, hijas, activistas y figuras históricas, todas víctimas de la epidemia de violencia contra las mujeres en México y las que ahora luchan por la justicia.
El 5 de marzo, pocos días antes del Día Internacional de la Mujer, que se espera que atraiga a miles de personas a las calles, activistas que llevaban cuerdas y arneses escalaron el monumento una vez más, esta vez para reemplazar la figura de madera por una versión más permanente hecha de acero. Con el gobierno de la ciudad planeando instalar su propia estatua nueva y oficial en cualquier momento, las acciones desafiantes de las feministas se hicieron eco del mensaje de una reunión anterior en la rotonda.
“Cualquier intento de alterar la composición de la rotonda se considerará un acto de agresión directa a las demandas de justicia, memoria y lucha de todas las familias”, dijo Lorena Gutiérrez, cuya hija de 12 años, Fátima Quintana, fue brutalmente violada, mutilada y asesinada en 2015, a docenas de mujeres que se manifestaron el 7 de diciembre para proteger el nuevo símbolo de las luchas de las mujeres por la igualdad de derechos y la justicia social. “La Glorieta de las Mujeres que Luchan ha llegado para quedarse”.
La Glorieta de las Mujeres que Luchan, o la Rotonda de las Mujeres que Luchan, es como las activistas ahora llaman a este preciado lugar. Se ha convertido en un punto álgido en el levantamiento feminista en curso que ha transformado la capital mexicana.
Durante los últimos tres años, la ciudad se ha visto sacudida por marchas masivas y bloqueos por parte de activistas que dicen buscar desesperadamente el fin de la violencia de género y la justicia de un sistema que permite que tales crímenes queden en su mayoría impunes. Las estaciones de metro pintadas con spray, los torniquetes rotos, las paredes pintadas y los antimonumentos improvisados son algunas de las marcas duraderas en el paisaje.
Si bien las perturbaciones políticas no son nada nuevo en la Ciudad de México, el levantamiento feminista sostenido destaca por el impacto perturbador, el gran número de partidarios que atrae y la tensa respuesta que ha suscitado de los funcionarios.
A medida que países de todo el mundo reevalúan los valores encarnados en monumentos y otras formas de patrimonio, las manifestantes feministas de México dicen que están reclamando espacios públicos como evidencia de la amenaza a sus cuerpos y del fracaso del Estado para responder de manera significativa.
“Están cambiando el discurso impuesto por el Estado sobre lo que debería ser la representación de las mujeres vulnerables”, dijo Ayahuitl Estrada, fundadora de Restauradoras con Glitter, un colectivo feminista de arquitectos, historiadores, arqueólogos y expertos en restauración. “El movimiento feminista ha logrado transformar símbolos y monumentos nacionales en algo completamente diferente”.
La crisis a la que están respondiendo no es un fenómeno reciente. Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza frente a El Paso, Texas, llegó a los titulares internacionales en la década de 1990 por espeluznantes asesinatos en serie de mujeres de clase trabajadora que abarcaron casi dos décadas. A pesar de las leyes nacionales e internacionales creadas posteriormente para proteger a las mujeres y enjuiciar la violencia de género, poco ha cambiado: el número de asesinatos de mujeres ha seguido aumentando en todo México, al igual que delitos como la violencia doméstica y la agresión sexual. Una encuesta de 2016 reveló que el 66 por ciento de las mujeres mayores de 15 años habían sufrido una forma de violencia en algún momento de sus vidas. Desde 2018, un promedio de 10 mujeres son asesinadas cada día.
Mientras tanto, el alcance de la cuestión sigue sin entenderse bien: la mayor parte de la violencia relacionada con el género no se denuncia a la policía, y menos de una cuarta parte de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio, que es el asesinato de una mujer o niña por su género. Los grupos de derechos humanos identifican la corrupción, los códigos penales estatales dispares y un sistema de justicia mal equipado como algunas de las causas.
En este contexto, la toma del poder feminista comenzó con lo que se conoció como la “Revolución del Glítter” de agosto de 2019. Días después de que se diera a conocer la noticia de una presunta agresión sexual de un menor por parte de cuatro agentes de policía en la Ciudad de México, colectivos feministas y activistas organizaron una protesta frente a la oficina del fiscal General de la ciudad.
Las protestas incluyeron la presencia de Araceli Osorio, un ícono en la lucha contra la violencia de género desde que comenzó a buscar justicia para su hija asesinada en 2017. Cuando el ministro de seguridad de la ciudad salió para dirigirse a los manifestantes, un activista le arrojó una bolsa de purpurina rosa. Las imágenes del bombardeo de purpurina se hicieron virales, haciendo titulares internacionales y poniendo en movimiento a las feministas. La ira se agravó en los días siguientes a medida que llegaban noticias de otros casos mal manejados de agresión sexual y asesinato.
Al anochecer el 16 de agosto de 2019, miles de manifestantes (activistas, estudiantes, madres, hijas, sobrevivientes, víctimas y sus aliados) marcharon al Ángel de la Independencia, un punto de partida histórico y habitual de protestas a lo largo del Paseo de la Reforma. Llevando carteles y dejando atrás un rastro de purpurina, los manifestantes corearon demandas de justicia, quemaron una comisaría de policía, rompieron cristales y dañaron el transporte público en el camino. La base de la columna histórica de Ángel fue pintada con spray con una letanía de condena: La patria mata, un mensaje proclamado.
Los funcionarios condenaron rápidamente los daños, mientras que algunos residentes llamaron a los manifestantes “feminazis” y los denunciaron a través de etiquetas como #EllasNoMeRepresentan (no me representan). La alcaldesa Claudia Sheinbaum emitió una declaración diciendo que su gobierno “no caería en la provocación para usar la fuerza pública en la protesta” y que las investigaciones estaban en curso. Después de recibir una reacción violenta, Sheinbaum cambió su postura, diciendo: “es fundamental que nos escuchemos unos a otros y que construyamos acciones efectivas juntos para el respeto de los derechos de las mujeres”, y se reunió con grupos feministas.
Para algunos manifestantes, dejar marcas físicas en los espacios públicos es una confrontación directa con la ciudad sobre lo que considera más digno de defender: los puntos de referencia de la ciudad o la vida de una mujer. Restauradoras con Glitter pidieron a los funcionarios que no eliminaran el graffiti del Ángel de la Independencia. El colectivo cree que los monumentos no deben ser estáticos, sino más bien un medio a través del cual se exprese una sociedad en evolución. Si la ciudad lo borrara sin documentar el graffiti y abordar la crisis central, “estarían silenciando las voces de las mujeres”, escribió el grupo en una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019.
“El patrimonio cultural se puede restaurar, pero la vida de las mujeres que han sido violadas, agredidas sexualmente y torturadas nunca serán las mismas”, escribieron. “Las vidas que se han perdido no se pueden restaurar, pero el tejido social sí lo puede serlo”.
Restauradoras solicitaron acceso al sitio para llevar a cabo su propia documentación de las nuevas marcas del Ángel. Han seguido archivando las obras de arte y los grafitis que han salido de las protestas posteriores a través de fotografías, vídeos y escaneos en 3D que publican en un archivo en línea y en exposiciones. La ciudad finalmente eliminó el graffiti y reabrió el Ángel al público en octubre.
Abordar las protestas y su impacto en el espacio público ha demostrado ser un baile delicado para los funcionarios electos. Dulce Colín, directora de asistencia para la igualdad y la violencia del Instituto de la Mujer de la Ciudad de México, una agencia de la ciudad, dice que está en comunicación regular con activistas y grupos feministas.
“Tenemos una política de total apertura a quien quiera venir a hablar con nosotros sobre los problemas a los que se enfrentan las mujeres en la Ciudad de México y sobre las soluciones”, dijo. La agencia se encarga de promover el desarrollo de la mujer, la equidad de género y los derechos humanos.
Cuando los manifestantes se hicieron cargo de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México en septiembre de 2020, el equipo de Colín se ofreció a investigar los casos de las mujeres y proporcionó asistencia psicológica y legal a quienes la deseaban.
La alcaldesa Sheinbaum también ha colocado monumentos de ilustres figuras femeninas a lo largo del Paseo de la Reforma en un movimiento para combatir las afirmaciones de que es antifeminista, y promueve la Ciudad de México como “una ciudad de derechos” como parte de su plataforma política. “Entendemos su frustración en su proceso de acceso a la justicia para sus casos”, dijo Colín sobre los manifestantes. “No es fácil revertir un sistema de desigualdad y dominación patriarcal que se manifiesta en las instituciones gubernamentales, pero para eso está el Ministerio de la Mujer y hay voluntad política para hacer esa transformación”.
Sin embargo, estas acciones no se han traducido en una disminución de la violencia o la justicia para las víctimas, dicen los observadores. Daniela Cerva, profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que estudia los movimientos feministas y la criminalización de sus protestas en México, dijo que México en realidad tiene un excedente de leyes a favor de los derechos de las mujeres, pero los encargados de hacerlas cumplir no lo hacen.
El gobierno también ha respondido con fuerza. La ciudad ha rodeado monumentos y edificios como el Palacio de Bellas Artes con barreras metálicas para mantener alejados a los manifestantes. Antes del Día Internacional de la Mujer en 2021, se erigió una valla metálica de 10 pies alrededor del Palacio Nacional de la Ciudad de México, que el portavoz del presidente López Obrador llamó “el muro de la paz”. (Los activistas pintaron la valla con miles de nombres de víctimas y la renombraron muro de recuerdo).
Manifestantes y activistas han denunciado el despliegue de la policía antidisturbios en la ciudad para su contención. Una investigación de Amnistía Internacional encontró múltiples violaciones de los derechos humanos por parte de la policía en cinco protestas feministas en 2020, incluido el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria y la violencia sexual, entre otras acciones de las que ningún oficial o funcionario ha sido considerado responsable.
El departamento de policía de la Ciudad de México no respondió a las solicitudes de comentarios. Pero Colín negó cualquier abuso. “Nunca ha habido detención arbitraria, nunca ha habido un acto de violencia contra los manifestantes”, dijo. “Solo ha sido la contención dentro de la obligación del gobierno de salvaguardar la vida de todas las personas”. Eso incluye la protección de las fuerzas del orden, dijo: en una gran marcha en 2021, 19 manifestantes y 62 agentes de policía resultaron heridos, según funcionarios de la ciudad.
Mientras tanto, el presidente López Obrador ha despedido en gran medida al movimiento feminista, enfureciendo aún más a sus partidarios. Muchos han llegado a la conclusión de que la interrupción es más eficaz que el diálogo con las autoridades, que a menudo no hacen nada. “Creo que protestar es la forma máxima de exigir justicia”, dijo Flora Marcelo, la madre de Ayelin Iczae Gutiérrez, una niña de 13 años que fue asesinada en el estado de Guerrero, que ahora lleva a su hija de cuatro años a las sentadas y marchas a las que asiste. “No quiero grupos de trabajo, quiero resultados”.
Algunos manifestantes se ven a sí mismos en las víctimas y sienten que no tienen nada más que perder. “Las jóvenes que rompen y queman todo son las que están siendo secuestradas y desaparecidas todos los días”, dijo Julia Antivilo, artista feminista e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El debate sobre el Ángel sentó las bases para el enfrentamiento sobre La Glorieta de las Mujeres que Luchan. La ciudad allanó inadvertidamente el camino para la toma feminista de la rotonda cuando, en otoño de 2020, retiraron la estatua de Cristóbal Colón que originalmente estaba allí después de que los manifestantes anticolonialistas amenazaran con derribarla. El zócalo estuvo vacío durante casi un año, hasta que el alcalde anunció en septiembre que Colón sería reemplazado por una figura en honor a las mujeres indígenas, que sería diseñada por un artista que resultó ser un hombre no indígena. Ese plan provocó la ira pública, lo que llevó a la ciudad a nombrar un comité que finalmente decidió que el nuevo monumento sería en su lugar una réplica de una figura femenina mesoamericana.
Durante el ida y vuelta, el colectivo feminista Antimonumenta Vivas nos Queremos se lanzó, arrastrando su figura de madera hasta el pedestal vacío. Se habían preparado visitando el sitio días antes y repasando cómo saltarían la valla metálica y subirían al pedestal, según un miembro que solicitó el anonimato. Inseguros de qué tipo de superficie encontrarían en la parte superior, practicaron diferentes nudos para sujetar su antimonumento; todavía estaba en pie cuando fueron a reemplazarlo este mes.
No está claro cuándo planea la ciudad instalar su nueva estatua, que también está destinada a representar y honrar las luchas de las mujeres, según Colín del Instituto de la Mujer. El gobierno decidió reemplazar a Colón por una figura femenina mesoamericana después de que más de 5 mil mujeres indígenas de todo el país firmaran una solicitud para que las honrara en su lugar. “Queremos que haya un diálogo con los colectivos que colocaron el antimonumento sobre lo que tiene que estar allí”, dijo Colín. “Pero la decisión del gobierno no fue unilateral”.
Sin embargo, Antimonumenta y otros grupos han defendido su trabajo manual. En el Día Internacional contra la Violencia el 25 de noviembre, REDIGE, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la violencia de género, se reunió en la rotonda para colgar un tendedero para mujeres con el fin de fijar los nombres de jueces, fiscales y otros actores del sistema de justicia que les habían fallado. Mientras una marcha en dirección al Palacio Nacional pasaba por La Glorieta de las Mujeres que Luchan, miles se detuvieron para cantar una canción de protesta para los que se han ido. Al día siguiente, la policía intentó desmantelar la pared metálica protectora que ahora está enyesada en nombre de las mujeres, pero se detuvo después de que una ráfaga de publicaciones en las redes sociales e informes de noticias condenaran sus acciones.
Si bien los manifestantes dicen que sus demandas siguen sin satisfacerse, han tenido un efecto en la forma en que los medios de comunicación locales informan sobre la violencia de género y las propias protestas.
Mientras que la cobertura de prensa de las marchas fue inicialmente en su mayoría negativa y se centró en los daños a la propiedad pública, los principales medios de comunicación se centran cada vez más en las cuestiones de derechos humanos que se están planteando.
Las prácticas nocivas, como publicar información confidencial sobre las víctimas o culparlas por lo que llevaban puesto, y llamar a los feminicidios “crímenes pasionales”, son cada vez menos comunes. “Importa cómo cuenten las historias los medios de comunicación”, dijo Estrada de Restauradoras con Glitter. “Todos somos actores políticos y sociales y cuando se trata de violencia de género, todos tenemos cierto grado de responsabilidad”.
En el evento del Día de la Mujer de este año, el 8 de marzo, los organizadores esperan que la participación sea similar al último evento previo a la pandemia en 2020, cuando se estima que 200 mil manifestantes marcharon desde el Paseo de la Reforma hasta el Palacio Nacional.
Ya sea que La Glorieta de las Mujeres que Luchan dure o no tanto como esperan los manifestantes, el antimonumento ha convertido un rincón de la Ciudad de México en un lugar para reunirse, física e imaginativamente, bajo un signo de resistencia.
“Las mujeres luchan para que nadie más tenga que pasar por lo que nuestras hermanas, hijas e hijos han sufrido”, leyó Sandra Soto, cuya hermana fue asesinada en el estado norteño de Coahuila, en voz alta a sus compañeros activistas que se reunieron allí en diciembre. “Estamos trabajando para construir una historia diferente para nuestras ciudades, pueblos y territorios para que todos podamos caminar libremente y vivir sin miedo”.