A dos años de la muerte de Ingrid Escamilla, un Tribunal Unitario de la Ciudad de México declaró culpable a Erick Francisco “R”, de 48 años, por el feminicidio de su expareja, ocurrido en febrero de 2020.
Este jueves 13 de octubre, el juez determinó la responsabilidad del imputado por el delito de feminicidio. De acuerdo con las investigaciones, el hombre privó de la vida a Ingrid al interior de su departamento, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Este día se esperaba que la audiencia continuara y la familia de la víctima confiaba que la culpabilidad de Erik Francisco fuera comprobada y acreditada; sin embargo, será el próximo 17 de octubre cuando le individualicen la pena, es decir, le digan cuántos años debe cumplir en prisión y si tiene que cubrir algún monto de multa.
Justicia para Ingrid Escamilla
Ingrid Escamilla fue asesinada el 9 febrero de 2020 dentro de su propio departamento. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Ingrid, de 25 años de edad, discutió con su pareja, Erik Francisco ‘N’, de 46 años, quien la agredió hasta matarla.
Fue la expareja de Erik Francisco ‘N’ quien informó a las autoridades diciendo que el sujeto le habló por teléfono durante la mañana del domingo para decirle que había asesinado a Ingrid.
Cuando la policía llegó al domicilio encontró a Erik Francisco ‘N’ completamente ensangrentado y el cuerpo de la víctima brutalizado.
Dos días después, el 11 de febrero, Erik Franciso ‘N’ fue vinculado a proceso por el feminicidio e ingresó al Centro Varonil de Reinserción Psicosocial (Cevarepsi).
Las fotografías del cuerpo de Ingrid fueron filtradas por agentes de la Fiscalía capitalina, posteriormente difundidas en redes sociales y reproducidas en las portadas de algunos medios de comunicación, incluso, las imágenes llegaron a personas cercanas a Ingrid.
Debido a ello, la fiscala de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa conocida como Ley Ingrid, que fue aprobada en el Congreso capitalino un año después, el 23 de febrero de 2021, que sanciona a las personas servidoras públicas por la indebida distribución de imágenes fotográficas o video de investigaciones de víctimas, especialmente si se trata de mujeres.