El pasado viernes 2 de diciembre, se registró una manifestación en San Gregorio, Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, donde pobladores exigían información sobre una serie de obras hidráulicas que se realizan en la comunidad. Más tarde hubo un enfrentamiento, cuando fueron encapsulados por elementos policíacos de la Ciudad de México que dejó un saldo de 24 heridos.
Ante estos hechos, el Gobierno capitalino señaló, este domingo, que no habrá tolerancia para el abuso policial, por lo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX realizar la investigación correspondiente.
Además, se tomó la decisión de separar del cargo al director general de Concertación Política de la zona sur, Emigdio Tonatiuh Ávila Obispo; así como al director general de la Unidad de Policía Metropolitana Fuerza de Tarea, Luis Adrián Huerta Laguna.
Sheinbaum instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; y al secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, la difusión del “Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que trasgredan el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México”, e hizo un llamado para iniciar una mejor capacitación a servidores públicos para garantizar el cumplimiento de leyes, normas y protocolos de uso de la fuerza pública y protección de los derechos humanos.
Con referencia a las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) en San Gregorio Atlapulco y Caltongo, el Gobierno informó que se trata de obras de drenaje para beneficio del saneamiento de los canales de la zona y que fueron solicitadas, en su momento, por los propios pueblos.
Sin embargo, por la inconformidad de algunos pobladores, se ordenó a SACMEX la suspensión de las obras, además de la evaluación de otras alternativas para el saneamiento de los canales.
Sobre el Programa de Ordenamiento Territorial, Sheinbaum llamó a las instancias encargadas, explicar con todo detalle el proyecto, así como realizar un proceso de discusión con Ejidos y Comunidades hasta que quede claro que no habrá privatización de la propiedad social en el suelo de conservación.