Silvia Sánchez Barrios, diputada local del PRI, presentó en días recientes la denominada Ley Ocaña en el Congreso de la Ciudad de México, misma con la que se busca multar a los funcionarios públicos que difundan imágenes relacionadas con algún hecho delictivo o hagan uso indebido de estas.
Esta iniciativa se relaciona con una lanzada en el congreso del Estado de México el año pasado, misma con la que se busca sancionar a todos los funcionarios que filtren imágenes de víctimas de homicidios o hechos violentos a fin de beneficiarse.
Esta iniciativa tomó revuelo tras la muerte del actor Octavio Ocaña ocurrida en octubre de 2021, de ahí su nombre. Ocaña murió en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, tras una persecución con la policía, y en redes sociales se filtraron imágenes de sus restos tomadas por una paramédico, quien formaba parte del personal médico encargado de trasladarlo a un hospital.
La familia del actor, conocido por su papel de Benito en el programa de televisión Vecinos, ha sido impulsora de que se establezca esta ley en el país, ya que consideran que su caso no es el único y hay que alzar la voz para evitar que los servidores públicos de todos los niveles difundan e incluso comercialicen imágenes de los restos de cadáveres relacionados con investigaciones penales.
¿Qué propone la Ley Ocaña en la Ciudad de México?
Las propuestas lanzadas por la diputada Silvia Sánchez el martes 5 de septiembre relacionadas con la Ley Ocaña son:
- Salvaguardar la dignidad y honra póstuma de fallecidos y familiares.
- Pevenir el uso indebido de todo tipo de información relacionada con una investigación de causa penal.
- Que se considere como delito el resguardo indebido de información reservada, documentos del lugar de los hechos, indicios, evidencias u objetos resguardados relacionados con los hechos.
Las multas en caso de que los funcionarios comercialicen, compartan, difundan o hagan cualquier uso indebido de imágenes y demás documentos de fallecidos son:
- Multa de 700 a mil 300 Unidades de Medida y Actualización, es decir, de 72 mil 618 a 134 mil 862 pesos.
- Hasta siete años de prisión según el caso.
“En México es constante la filtración de información en redes sociales y medios relacionada con alguna causa penal que implica el daño a la dignidad humana de una persona e incluso de una familia, peor es cuando se filtran imágenes relacionadas con la medicina forense, mismas que constituyen una violación grave a los derechos de las familiares de las víctimas de algún delito”, dijo la legisladora en torno a la Ley Octavio Ocaña.