Las necesidades humanitarias de la población migrante en la Ciudad de México se agudizan a medida que escasean los albergues. Desde el parque Giordano Bruno, cerca de las oficinas de COMAR en la céntrica colonia Juárez, en las afueras de la Central de Autobuses Norte o en un parque convertido en refugio en la alcaldía Tláhuac en el sur; las personas se enfrentan a grandes limitaciones para acceder a alojamientos dignos que les permitan salir de la situación de calle y de hacinamiento a la que muchas de ellas han sido obligadas por cuenta de esta grave carencia.
“Tenemos noticias de albergues a 200 o 300 por ciento de su capacidad y de cientos de personas viviendo en calle, incluyendo mujeres y menores de edad”, dice Israel Reséndiz, coordinador del equipo móvil de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la ciudad de México. Desde el albergue en Tláhuac, donde la organización brinda asistencia médico-humanitaria a la población migrante, Reséndiz explica que esta situación “agrava todas las esferas de lo que las personas tienen que resistir mientras están en la ciudad: problemas de salud, estrés profundo e inseguridad. Esto es inaceptable: no brindar albergue digno también es dejarlos a su suerte, a pesar de los mejores esfuerzos por darles servicios de salud o alimentación”.
Israel cuenta su testimonio muy cerca de una extensa fila en la que unas 150 personas esperan para hacer su trámite de asilo ante la COMAR. Detras de él, está un albergue que fue pensado para 200 personas, pero que rápidamente se vio sobrepasado y sin capacidad de responder a cientos de demandas diarias. Aun así, personas como Ricardo conservan la esperanza de que se abra un espacio para ingresar y hacerle el quite al frío de las noches en las calles capitalinas. Acompañado de su hijo pequeño, Emmanuel, y su esposa Esther, este hombre procedente de Haití cuenta que salieron el 17 de julio de 2021, 10 días después del asesinato del presidente Jovenel Moise en su propia casa. “Recuerdo que pensé, ‘si el presidente no tiene seguridad, yo qué’, así que sin mucha plata solamente salimos. En mi país no hay vida. La situación es de mala a muy muy mala.”.
“La idea es buscar una vida mejor, con seguridad”, dice Ricardo, “donde sea, aquí o en otro lado, si podemos conseguir eso en México, nos quedaremos porque aquí se aceptan a las personas migrantes”. Sin embargo, a corto plazo la meta es entrar a un espacio tan solo con un techo. “No tenemos ni una casa de campaña, solo una sábana, y durante la noche tenemos que salir de este parque a andar por la calle”, dice Esther, esposa de Ricardo, mientras el pequeño Emmanuel grita “mamá, mamá”, escupiendo su comida sobre su playera. “Lleva días sin querer comer, ha estado muy enfermo desde que llegamos”, agrega la mujer.
Las peticiones de asilo por individuos y familias como la de Ricardo, Esther y Emmanuel se han disparado a niveles sin precedentes durante 2023. Según datos de la COMAR, de enero a septiembre 25,458 solicitaron asilo en Ciudad de México, casi el doble de todas las que se presentaron en 2022 (13,269). “Los altos niveles de movilidad hacia la ciudad ponen aún más presión sobre una infraestructura de por sí escasa para atenderlos. Esto se traducen en menor acceso a refugio y un mayor sufrimiento para la población migrante”, explica Reséndiz.
La tendencia comenzó en octubre de 2022, cuando los ajustes migratorios normativos de Estados Unidos hacia las personas de origen venezolano y el retorno de miles de ellas desde la frontera norte hacia la capital, ejecutados con la complacencia del gobierno de México, afectaron las capacidades de recepción y atención de estas poblaciones en Ciudad de México. Esto reventó las limitadas capacidades de los albergues y dejó en un alto grado de vulnerabilidad a estas personas, muchas de las cuales terminaron durmiendo en las calles de la ciudad.
“Esta crisis no ha sido resuelta un año después, sino que ha empeorado”, afirma Reséndiz. “En los albergues de la ciudad el principal reto es la sobrepoblación, porque debido al hacinamiento el acceso a servicios se ve completamente limitado. A esto hay que añadirle que cuando una persona enferma o necesita de servicios médicos de cualquier tipo, también tienen que trasladarse largas distancias y, en muchas ocasiones, esto es simplemente imposible”.
Por esa razón, Médicos Sin Fronteras hace un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que se habiliten más lugares de alojamiento para la población migrante en la Ciudad de México. Quienes carecen de albergue se ven obligados a dormir en la calle, lo cual los hace más propensos a sufrir enfermedades respiratorias e infecciones gastrointestinales y también impacta negativamente su salud mental. Además, enfrentan una precaria situación de seguridad, cuando deberían ser objeto de protección internacional. “Insistimos en que las personas obligadas a huir de sus países tienen derecho a la protección urgente y a la asistencia humanitaria. Migrar no es un crimen, es un derecho”, concluye Reséndiz.