En una maniobra de última hora y en vísperas de concluir su encargo como fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy nombró a Ulises Lara López coordinador general de Investigación Territorial, y, con ello, garantizó que sea él quien asuma de forma indefinida la suplencia de la titularidad de la fiscalía local.
Ello ya generó polémica, pues académicos señalan que Lara no reúne los requisitos que impone la Constitución de la Ciudad de México para ser fiscal, como tener título y cédula de licenciatura en derecho, con experiencia mínima de cinco años.
Lara López es licenciado en sociología, maestro en gobierno y asunto públicos, y doctor en derecho. Es decir, no es licenciado en derecho y el grado que obtuvo en la materia es de 2020, hace poco más de tres años.
“Eso es una forma de hacerle fraude a la ley y desnaturalizar la razón de ser de que el fiscal sea un abogado”, remarcó Francisco Burgoa, profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Al hacer el anuncio del nuevo nombramiento, desde el Altar a la Patria, en el marco de su cuarto y último Informe de Labores, Godoy recordó que Ulises Lara conoce la dependencia, pues fue su vocero, y está comprometido con la justicia. “Va a seguir el equipo”, se ufanó.
La Coordinación General de Investigación Territorial era ocupada por Oliver Ariel Pilares Viloria, pero con los cambios que ordenó Godoy, éste fue removido y nombrado coordinador de asesores del fiscal.
Ante Martí Batres, jefe de Gobierno, y Luis María Alcalde, secretaria de Gobernación, entre otros invitados, Godoy aseguró que para ella no es una derrota personal el no haber sido ratificada como fiscal de la Ciudad de México.
Dijo que ahora inicia para ella un nuevo ciclo, que incluye recorrer la ciudad para “desenmascarar delitos y corrupción de priistas y panistas”.
“La no ratificación no significa una derrota personal. Concluye una etapa en la fiscalía e inicia un ciclo que me anima y me llena de alegría… saldré a informar desde mañana (hoy) a la gente y a luchar contra la corrupción.
“Voy a las calles a informarles del grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria y les vamos a quitar la máscara a quienes pretenden convertirse en perseguidos políticos, a los que explotaban sexualmente a las mujeres”, dijo.
Exaltó acciones del gobierno local y logros de su administración, y criticó a gobiernos pasados y actuales de diferente filiación a la suya.
“Hemos combatido a todas las expresiones criminales, a todos los grupos que atentan contra la tranquilidad de la gente, a diferencia del gobierno de (Miguel Ángel) Mancera, que negaba su existencia o cerraba los ojos, como si con ello fueran a desaparecer estas expresiones criminales”, acusó.
Destacó también el combate “a la corrupción” en la administración de Mancera, de los gobiernos panistas en Benito Juárez y políticos del PRI.
Informó que en su gestión se iniciaron 79 carpetas que derivaron en 130 vinculaciones a proceso, 32 prisiones preventivas oficiosas y justificadas, nueve suspensiones temporales de cargo y cuatro separaciones del cargo.
“Se pensaban intocables e impunes”, dijo y señaló que “aún hay quien piensa que esas personas son perseguidos políticos. Equiparan la defensa de la corrupción y la impunidad con la defensa de la democracia”.
También indicó que tanto el PRI como el PAN ejercieron presión para que se cerraran las investigaciones en su contra a cambio de su voto por la ratificación.
“De haber cedido, hubiera extendido cuatro años mi periodo en la fiscalía, pero hubiera cruzado una línea que habría borrado la diferencia con aquellos que usan la función pública contra los ciudadanos”, finalizó.