Con la reforma a la Constitución de la Ciudad de México en materia de propiedad privada, publicada ayer por el gobierno capitalino, se evita que “el actual Poder Judicial” pueda realizar interpretaciones de las normas locales en favor de “los grupos económicos más poderosos” y se revierte una parte del andamiaje jurídico e ideológico del neoliberalismo, afirmó el jefe de Gobierno, Martí Batres.
El morenista, quien publicó la reforma al artículo tercero de la Constitución de la capital mediante la cual se homologa el principio de propiedad privada acorde con el artículo 27 de la Constitución federal, afirmó que, con ello, no sólo se protege la propiedad privada, sino la propiedad pública y la propiedad social, “acorde con los valores de la cuarta transformación”.
“¿Qué decía la Constitución de la Ciudad de México hasta hace algunos días? ‘La Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad privada’. ¿Qué dice ahora? ‘La Ciudad de México asume como principios el respeto a la propiedad en los mismos términos del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’”, apuntó.
¿Qué dice el artículo 27 de la Constitución?
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
“Ante la falta de claridad estamos en riesgo, en cualquier momento, de que el actual Poder Judicial, en algunas de sus instancias, juzgados de distrito, tribunales o Suprema Corte, pueda interpretar nuestras normas constitucionales en favor de los grupos económicos más poderosos, haciendo a un lado el artículo 27 de la Constitución”, indicó.
“Quedan establecidas las bases para un desarrollo justo, armónico, con acento social, que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular en la Ciudad de México”, aseveró.
“Como ese riesgo existía, consideramos muy importante, muy pertinente, dejar claro de cualquier manera, de forma inequívoca, que el precepto que nos guía en la Ciudad de México en materia de propiedad es el que señala el artículo 27 de la Constitución”, aseveró Batres.
De acuerdo con el jefe de Gobierno, este riesgo fue advertido por Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, quien escribió un estudio, publicado en la revista Memoria, en el que hace una crítica de diversas contradicciones de la Constitución de la capital.