La jueza de Majadahonda (Madrid) que investiga “posibles ilegalidades” en contratos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como el que trasladó la Supercopa de España a Arabia Saudí, ha acordado investigar al exfutbolista y empresario Gerard Piqué, quien habría pactado una comisión anual de 4 millones de euros por ese acuerdo.
La magistrada Delia Rodrigo ha dictado un auto este jueves en el que acuerda ampliar la investigación frente a una quincena de personas, entre ellas el exjugador del Barcelona, pero también el presidente de la RFEF Pedro Rocha -a quien ya se lo anunció en una comparecencia-, o el amigo personal del expresidente federativo Luis Rubiales, el empresario Francisco Javier Alcaide, Nene.
Entre los investigados que la jueza concreta en su nuevo auto figura la empresa Gruconsa, que realizó las obras del estadio sevillano de La Cartuja, varios de sus directivos; el exasesor jurídico de la RFEF Tomás González Cueto -quien ya compareció ante la magistrada tras ser detenido-; el exdirector de servicios jurídicos Pedro Manuel González Segura o su hermano Ángel Ignacio, que prestó servicios en la citada empresa.
¿Qué pasó con la Supercopa de España en Arabia Saudí?
La jueza investiga en esta causa, que también se dirige contra Luis Rubiales, la presunta comisión de los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, en torno a diversos contratos de la RFEF cuando éste estaba al frente, sin descartar un posible blanqueo de capitales.
¿De qué acusan a Gerard Piqué?
Uno de esos contratos es el que llevó la Supercopa a Arabia Saudí en virtud de varios acuerdos firmados en 2019 -y prorrogados un año después- entre la RFEF y la empresa saudí Sela, en los que se fijaba una “prima de éxito” a favor de una “tercera parte agente” -Piqué, en representación de la empresa Kosmos- que no se identificaba y que “se revela” en otro documento.
La jueza destaca una cláusula del contrato por la que la RFEF “trataba de garantizar” el pago de 4 millones de euros anuales de comisión en favor de Kosmos, “aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de Sela”, y subraya que en el momento de la firma Piqué era aún jugador del Barcelona, equipo que participaba en la Supercopa.
¿De qué acusan a Pedro Rocha?
A Pedro Rocha, en su condición de vicepresidente económico en ese momento, le correspondería entonces o bien la intervención directa en dicha contratación con Arabia Saudí, o bien de la comisión económica que presidía para analizar las prórrogas, si bien -dice la jueza- “al parecer” se abstuvo tanto de convocar a este órgano en la contratación como de reclamar el expediente.
Allegados de Luis Rubiales
La magistrada desgrana en su auto las principales líneas de investigación de la causa, como el entramado societario en el que participó “personal directivo de la RFEF”, empleados y empresarios allegados a Rubiales, y detecta una “posible triangulación de fondos” entre la federación, la empresa Dismantec y Gruconsa, respecto a la que ha observado algunos ingresos “llamativos y de interés”.
Según la tesis que expone el auto, durante la presidencia de Rubiales, la RFEF habría contratado a la citada constructora “presuntamente a cambio” de que ésta realizara pagos a Dismatec, administrada por el amigo del expresidente, Nene. Entre 2020 y 2022, la RFEF ha declarado pagos a Gruconsa por 2.6 millones de euros, casi todo ello en 2021.
También está en el foco la actividad empresarial de Martínez Alcaide en España y en la República Dominicana, mediante la que “trataría de ocultar el destino de los fondos” que Dismatec habría recibido de Gruconsa, integrando en su entramado societario a Rubiales, según la jueza.
El auto también analiza el papel de González Cueto como comisionado de control externo de la RFEF, cuyo despacho también recibió transferencias de Dismatec -que a su vez habrían llegado de Gruconsa-, y observa “discrecionalidad” en el uso de fondos federativos “para el pago a terceros”.
Y sospecha que desde la comisión económica de la RFEF, en la que participaban González Cueto y Pedro Manuel González Segura, se habrían elaborado ofertas ficticias de empresas para que las obras se adjudicasen a Gruconsa y Ángel Ignacio pudiera incluir partidas injustificadas en las facturas con el objetivo de que ese dinero fuese a parar a Nene.