CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva Ley General de Transparencia obligará a más de 540 fideicomisos y fondos públicos así como a 180 sindicatos a que informen sobre sus actividades, resultados y manejo los miles de millones de pesos en recursos públicos y privados bajo su tutela.
La nueva legislación obligará a los sindicatos a transparentar datos como su número de afiliados, las tomas de nota de sus líderes, y en general el destino de todo recurso que se les otorgue, destacó Óscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai).
"Sabremos los montos que se entregaron a los sindicatos, y no sólo los montos sino explicar para qué, cuánto destinó de esos recursos, y el comprobante (…) este tipo de cuestiones ayudarán a esclarecer su vida sindical".
El alcance de la Ley de Transparencia, que está a la espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), llegará también a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a partidos políticos, autoridades estatales y municipales, a Pemex y CFE y en general a cualquier persona física o moral que maneje recursos públicos, incluso cuando estos tengan una mezcla de capital privado.
"Cada peso público que haya en un fideicomiso, no importa que haya participación privada, tendrá que ser publicitado y dar información a todo aquel que la solicite, adicional a lo que la Ley les está obligando de publicar en sus portales", dijo Guerra.
Tan sólo 10 de los mayores fideicomisos y fondos públicos que reciben dinero del presupuesto concentran más de 287 mil millones de pesos en recursos al tercer trimestre del año pasado, según datos del Ifai presentados ante la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el comisionado existen cientos de otros instrumentos que la sociedad ni siquiera conoce, a pesar de manejar recursos millonarios. "De los fideicomisos no hay mucha información, porque hay mucho desconocimiento, y no por culpa de nosotros, sino porque el gobierno nunca ha sido muy claro", dijo Guerra Ford.
El funcionario añadió que la Ley General de Transparencia acotará al máximo las solicitudes de reservas de información, por lo que ya no se permitirá acudir a esta figura en cuestiones de contratos y compras públicas como se ha hecho en casos como la fallida licitación del tren México-Querétaro que se cayó a inicios del año.
"Queda claro que esta Ley exige máxima publicidad, y que ese tipo de cuestiones, como puede ser cualquier licitación de compra o adquisición, no sean materia de reserva, ni por cuestiones de seguridad nacional", afirmó el comisionado.
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