Al menos 9 mil 500 millones de pesos es lo que se podría obtener de recaudación por la reforma que regula el outsourcing, ya que se espera como efecto secundario combatir prácticas de evasión relacionadas con no pagar las contribuciones fiscales y de seguridad social correspondientes, estimó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Francisco Arias, titular de la Unidad de Política Tributaria y Control de la SHCP, explicó que con base en estudios académicos que ha encargado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre evasión del ISR en sueldos y salarios, se han hallado “prácticas de relación laboral oculta” que usan esquemas de outsourcing.
Abundó que se han identificado prácticas de evasión vía outsourcing en las que los empleadores buscaban minimizar el pago del ISR y también deslindarse de cumplir con las obligaciones de cuotas de seguridad social.
“La cifra que está en este reporte a precios, repito, precios de 2021 es de cerca de 9 mil 500 millones de pesos, entonces, podemos pensar este como un piso, sobre el cual esperamos que estas medidas (reforma), que estos efectos de segundo orden fortalezcan la recaudación”, estimó en conferencia de prensa virtual para presentar el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública al primer trimestre de 2021.
Arias hizo énfasis en que el objetivo principal de la reforma en materia de subcontratación es beneficiar a los trabajadores con acceso a la seguridad social, a prestaciones, a una pensión digna, a un crédito a la vivienda y a Reparto de Utilidades, sin embargo, reconoció que tiene un efecto fiscalizador.
“También es importante reconocer que con estas medidas la autoridad tributaria tendrá un mayor control para poder verificar la procedencia o no de ciertas deducciones y acreditamientos”, afirmó.
Inician revisión de personal subcontratado en Gobierno
Por una parte, Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de Hacienda, señaló que, tras la entrada en vigor de la reforma, el gobierno se encuentra efectuando los análisis correspondientes respecto del personal que hoy por hoy presta sus servicios a la Administración Pública Federal (APF) bajo un esquema de subcontratación.
“En el rubro de outsourcing hay diversos tipos de servicio, entonces, derivado del análisis que se efectúe con cada una de las unidades ejecutoras, se determinará la procedencia de cada persona o personal que se esté ahí contratado, hay servicios que no son recurrentes, hay algunos que sí y, derivado del análisis o de la condición de salarios se tomarán las definiciones pertinentes”, dijo.
La funcionaria mencionó que en los artículos transitorios de la reforma se establece una gradualidad para la aplicación de las nuevas disposiciones y, en el caso de la APF, la entrada en vigor de la reforma será hasta 2022.
“Por lo tanto, tenemos este periodo para hacer el análisis correspondiente y las medidas que deriven de este análisis serán incorporadas en el próximo proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se entrega el 8 de septiembre”, puntualizó.