Economía

Congelan jueces Ley de Hidrocarburos

Las autoridades consideraron que las reformas a la ley significarían dar un papel monopólico a Pemex.

Jueces La suspensión definitiva fue en favor de seis empresas. (Shutterstock)

Los jueces Juan Pablo Gómez y Rodrigo de la Peza otorgaron suspensiones definitivas a seis empresas que impugnaron las reformas a la Ley de Hidrocarburos, al considerar que las mismas permitirán a Petróleos Mexicanos (Pemex) recuperar su papel monopólico, lo que impactará negativamente en las inversiones del sector y en los consumidores finales con un aumento de precios. Las suspensiones definitivas son con efectos generales.

Grupo Base Energéticos, Distribuidora de Combustibles Mil, Viga Express, Pharaoh International Products, Antluc y Dalia Pilar Lamarque Picos obtuvieron la medida cautelar que frena las modificaciones a dicha legislación publicadas el 4 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, se determinó que “los efectos de la medida cautelar comprenden no solamente a las quejosas, sino a todos los permisionarios de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.

Gómez Fierro, quien ha sido blanco de críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador por frenar también la reforma eléctrica y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), dejó en claro que esta resolución es de índole jurídica y “no se basa en apreciaciones ideológicas”.

Ambos juzgadores consideraron que la aplicación de la ley vigente desde el 5 de mayo abre el camino para que Pemex recupere su papel monopólico en el mercado de hidrocarburos, lo que podrá ahuyentar inversiones en el sector y generar un aumento de precios con el impacto negativo sobre el consumidor final.

En sus resoluciones argumentaron que la norma genera un cambio “imprevisible” e “intempestivo” contra los inversionistas privados, dejándolos en indefensión, lo que contradice la reforma energética de 2013.

Por lo que las resoluciones suspenden de manera indefinida la entrada en vigor de los artículos 51, 57 y 59 Bis. Además de los transitorios cuarto y sexto de la reforma considerados “incongruentes” porque generan incertidumbre entre los permisionarios al no tener certeza de las consecuencias reales que podrían derivar de cualquier infracción o incumplimiento en el que incurran.

Tardaría un año

Juan Manuel Zamora, consultor y defensor jurídico del Despacho Defensa Legal Energética, quien se encuentra a cargo de dos amparos correspondientes a 30 empresas afectadas por la reforma, explicó que la resolución final a los juicios presentados hasta ahora pudiera alcanzarse hasta dentro de un año, ya que aproximadamente dentro de un mes se realizará una audiencia en Primera Instancia ante el juez Gómez Fierro, donde se analizará si la reforma es acorde con la Constitución.

“La primera instancia estará terminando en un periodo de tres a seis meses, mientras que la segunda quizá podría llevar cuatro meses. Por lo que entre 10 meses y un año podría estarse resolviendo el asunto”, detalló.

Gonzalo Monroy, director de GMEC, aseguró que la suspensión da certidumbre al sector.

“Se está avanzando en un camino que abona a una mayor certidumbre a todos los actores, tanto para los inversionistas, como para sus operaciones”, indicó.

“La suspensión da claridad en un momento de alta incertidumbre y es positivo porque abona a la certeza de que hay un Poder Ejecutivo y Judicial, que actúa independiente de las decisiones políticas”, agregó.

IP celebra

El sector patronal del país celebró las suspensiones definitivas otorgadas por Gómez Fierro y De la Peza, por considerar que afectan la libre competencia, e hizo un llamado al Ejecutivo a respetar las decisiones del Poder Judicial.

“En Coparmex celebramos la decisión de los jueces Juan Pablo Gómez y Rodrigo de la Peza, quienes este lunes otorgaron suspensiones definitivas a seis empresas que impugnaron las reformas a la Ley de Hidrocarburos que afectan la libre competencia”, señaló el organismo empresarial en su cuenta de Twitter.

Reiteró que las reformas aprobadas por los diputados y senadores no ayudan a la recuperación económica de México, pues inhiben las inversiones y generan incertidumbre entre los empresarios.

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