Grandes empresas que operan en México muestran preocupación por las reformas que sean gestadas en la actual administración comandada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de los posibles resultados electorales de junio y la trayectoria inflacionaria, entre otros factores.
Walmart de México y Centroamérica (Walmex), firma líder en el sector autoservicios, que cuenta con 2 mil 654 unidades en México, indicó en el informe correspondiente al primer trimestre de 2021 que los cambios en las regulaciones gubernamentales pueden afectar sus operaciones en el país.
“La compañía está expuesta a los cambios en las diferentes leyes y regulaciones, los cuales pueden afectar sus resultados desde un impacto en las ventas, gastos por impuestos indirectos de nómina y cambios en las tasas aplicables, una vez que entren en vigor”, indicó la firma en su reporte.
Agregó que actualmente el nivel de escrutinio y discreción por parte de las autoridades fiscales ha aumentado considerablemente. “Los tribunales mexicanos han cambiado su posición favoreciendo a dichas autoridades haciendo caso omiso de las violaciones de forma y procedimiento”, expresó.
Alsea, firma que opera 2 mil 171 restaurantes en el país, entre los que destacan Starbucks, Burger King, Domino’s Pizza y Vips, consideró que la falta de alineación entre los poderes legislativo y ejecutivo, y los cambios resultantes de futuras elecciones federales y estatales, podrían dar lugar a inestabilidad o falta de consenso e impedir la implementación de reformas económicas, lo que a su vez podría tener un efecto adverso significativo sobre la economía nacional y la situación financiera de la empresa.
“No se puede asegurar que el nuevo gobierno federal y estatales no tomarán acciones que tengan un impacto negativo en nuestro negocio o en nuestras operaciones y condición financiera, así como en el mercado y el precio de los valores emitidos por nosotros”, expuso la empresa en el reporte trimestral correspondiente al primer trimestre de este año.
Otros riesgos
Televisa también es otra de las grandes empresas que ha destacado en su último informe trimestral que existen riesgos relacionados con políticas públicas que pueden afectarlos.
“Cambios en la legislación actual y la promulgación de nuevas leyes podrían afectar adversamente las operaciones de la compañía y sus ingresos”, destacó.
Becle, firma que produce el tequila José Cuervo, indicó que las decisiones de las autoridades reguladoras y las reformas de las leyes y reglamentos de los países en los que la compañía opera podrían limitar sus actividades o incrementar sus costos de operación o pasivos.
“Los aumentos en los impuestos y las reformas fiscales podrían afectar en forma adversa la demanda de los productos de la compañía”, indicó la emisora.
Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de Latinoamérica, indicó en el informe del primer trimestre que la actual gestión presidencial puede propiciar cambios legislativos y políticos que afectarían sus operaciones en el país.
“Andrés Manuel López Obrador podría implementar cambios significativos a las políticas públicas, leyes y demás normativas en México, los cuales podrían afectar la situación política y económica de México, y por lo tanto nuestro negocio, situación financiera y resultados de operaciones”, expresó.
Genomma Lab, firma dedicada a productos de cuidado personal y medicamentos de venta libre, indicó que su principal preocupación es el aumento de precios y cambios regulatorios y políticos, entre otros.
Indicó que diversos factores podrían causar un impacto en los resultados, desempeño, o logros de la compañía a futuro, “incluyendo, entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que la compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés y de inflación”, abundó la firma.
En tanto, el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) también señaló que, posibles cambios legislativos impulsados por el actual gobierno podrían impactar en sus operaciones.
“Cualquier reforma a las leyes actuales que permita a los municipios solicitar permisos de construcción u operación podría afectar la capacidad de la compañía para cumplir con las inversiones de su plan maestro de desarrollo, lo que podría resultar en pagos adicionales por tarifas o derechos gubernamentales y afectar los resultados de la operación de la compañía”, indicó.