La composición de la próxima legislatura dificulta la aprobación de iniciativas que requieran cambios constitucionales, lo que reduce la incertidumbre que ha predominado en los últimos meses y abre la posibilidad a una segunda mitad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de mayor apertura a propuestas de otros actores, a fin de lograr el crecimiento económico y la reactivación de la inversión, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“En un entorno como este para los próximos tres años, el Presidente tendrá que adecuar su forma de gobernar durante la segunda parte de su sexenio y hacerlo de forma positiva, llamando a la unidad en vez de la división, sería muy bueno para el país. Al no tener la apabullante mayoría que le hubiese facilitado casi al grado de automaticidad las decisiones de política pública y las reformas legales, incluyendo las constitucionales, habrá de buscar alternativas para sacar adelante sus propuestas, mediante la negociación”, expone en su comentario semanal.
Paradójicamente México está en una posición privilegiada para la recuperación económica comparado con otras economías y no debe desperdiciarse, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo reconoció tras el encuentro que sostuvo con los empresarios la semana pasada cuando dijo a la prensa “México tiene una situación muy especial en la actualidad, pues es uno de los países que tiene más oportunidades para la inversión nacional y extranjera” y en ese sentido, una mayor apertura a propuestas de otros actores permitirían alcanzar el crecimiento económico, la reactivación de la inversión, el abatimiento de la pobreza y la promoción de la equidad.
Sin cambios profundos
A partir de la nueva legislatura, el Ejecutivo podrá tener el control del presupuesto, más no se perciben condiciones para un cambio sustantivo de las políticas públicas o de la política económica.
Así, el poder del Gobierno Federal se verá restringido en materia de modificaciones a la Constitución, que requieren de mayoría calificada en la Cámara Baja y para alcanzarla, necesitará parte de los diputados del bloque opositor; en el mejor de los casos Morena y sus aliados necesitarían entre 36 y 44 (tomando como referencia el mínimo y máximo estimado) diputados de la oposición.
Esa dificultad para lograr reformas constitucionales se sumará a la ya existente en el Senado, donde Morena ha requerido al menos de unos nueve votos de la oposición para lograr la mayoría calificada. Esto ya ha sucedido en esta legislatura en muchas ocasiones, incluyendo algunas muy controvertidas como la ley de extinción de dominio y la de revocación de mandato.
“Es probable entonces que ello impida las reformas constitucionales en lo que resta de la Administración. Sin duda esto representa un golpe importante para el Ejecutivo, en tanto que se reduce de manera significativa su posibilidad de controlar decisiones trascendentales al aumentar los contrapesos políticos”, detalló la institución.
Lo posible
Con el resultado de las elecciones, el organismo identificó cuatro categorías de cambios legales que serán más difíciles de llevarse a cabo.
En primer lugar, señala a las leyes ya aprobadas, pero incongruentes con la Constitución en donde se incluyen a las reformas del sector eléctrico y de hidrocarburos, que fueron aprobadas con mayoría simple, pero que, por las acciones jurídicas en su contra, el Presidente ha expresado su intención de elevarlas a rango constitucional, a fin de asegurar su prevalencia en caso de que el Poder Judicial resuelva su inconstitucionalidad.
También están las iniciativas legislativas que sí requieren cambios a la Constitución, como la reforma para ampliar el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 16, creando una tercera sala en materia anticorrupción integrada con cinco nuevos ministros.
El tercer grupo son las iniciativas que no plantean en principio cambios constitucionales, pero que en caso de aprobarse (con mayoría simple) es probable que se sometan a controversia constitucional, como la propuesta de reforma a la Ley de Amparo; y el cuarto grupo se conforma de ideas o propuestas que de convertirse en iniciativas, requieren de cambios constitucionales para su aprobación. En este grupo se encuentran la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) para que sea absorbido por el Poder Judicial, y cambios en la estructura de su consejo general y modificaciones en sus funciones particulares.
“En general, estas complicaciones para llevar a cabo reformas constitucionales controvertidas generan una mayor certidumbre (o reducen la incertidumbre) en la economía”, puntualiza el CEESP.