Ante la entrada en vigor este miércoles de la reforma en materia de subcontratación, hay al menos 50 mil empresas, la mayoría Micro, Pequeñas y Medianas (Mipymes) donde se encuentra toda la cadena de proveeduría, que no han podido conseguir el Registro de Prestadoras de Servicios Especializadas y Obras Especializadas (REPSE).
Con esto, esas empresas podrían caer en incumplimiento, multas o incluso desaparecer.
No ampliar el plazo para el cumplimiento de esta reforma será “un desastre”, remarcó Fernando Yllanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Dijo que habían pedido que antes del 1 de septiembre hubiera “una prórroga legal, otra vez, como se hizo en el Congreso, a través de un periodo extraordinario o bien a través de un acto administrativo, para el efecto de determinar una tregua administrativa para el cumplimiento de la ley”. Sin embargo, esto no ocurrió.
Yllanes Martínez reconoció que se logró un avance: Al menos 2.5 millones ya han sido incorporados a las empresas matrices. En el caso de los patrones, de los más de un millón de empresas se estima que el avance es alto sobre todo en los grandes corporativos.
Sin embargo, el mayor golpe lo llevarían las Pymes, pues de un total de 90 mil que deberán incorporarse a través del REPSE, solo 40 mil han obtenido ese registro y falta las otras 50 mil que en su mayoría son toda la cadena de proveeduría.
Las autoridades, opinó “no pueden exigirle al sector empresarial que cumpla con las leyes, con tanta falta de seguridad jurídica como la que está presentando”, mínimo debería haber trato igualitario y equitativo, pues el Gobierno deberá cumplir con los transitorios de la Ley Outsourcing hasta el 1 de enero de 2022.
Las empresas, apuntó Yllanes, debían estar listas ya este miércoles y no lo van a lograr.
“Es un tema de principios un trato igual a los iguales”, ahora las Pymes que caigan en incumplimiento deberán enfrentar en lo laboral multas, tanto para el que presta el servicio como para el que lo recibe, comentó.
Desde el punto de vista fiscal, afirmó, que “se puede aplicar la sanción que es terrible, que corresponde a no hacer deducible la factura que emite un prestador de servicios que no cuenta con su registro”.
El temor a que la factura no sea deducible puede provocar que no se contraten a los proveedores y, en consecuencia, las pequeñas empresas se queden sin trabajo y cierren, o que las empresas que subcontraten utilicen a una empresa que no tiene registro y por ello, ambas caigan en incumplimiento.