El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con la finalidad de establecer una nueva estructura del sector eléctrico en la que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea la única empresa que suministre a usuarios finales.
Además, entre otros aspectos a destacar como la desaparición de los certificados de energías limpias (CEL), y la reintegración vertical de la CFE, la propuesta considera que tanto la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) sean absorbidas por la Secretaría de Energía (Sener), al mismo tiempo que establece que la explotación del litio sea una actividad exclusiva del Estado Mexicano.
Tanto expertos como el sector privado rechazaron la propuesta presidencial que comenzará a discutirse en breve en el Congreso de la Unión, y a la que le anteceden una serie de cambios a la legislación secundaria que derivaron en cientos de juicios de amparo.
“La pregunta con la iniciativa de Reforma Eléctrica del presidente debería de ser ¿qué no está violando?”, señaló Kenneth Smith Ramos, socio de la firma Agon y negociador en Jefe del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Explicó que la forma en la que está escrito el documento atenta contra el espíritu del T-MEC y otros tratados comerciales, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, entre otros.
“Hay más de 50 proyectos con un valor de más de 6 mil millones de dólares en el sector de las energías limpias, pero con la iniciativa de reforma eléctrica se eliminan los incentivos para seguir invirtiendo en ellas, además de que se afectan las inversiones ya hechas”, indicó el especialista.
Si la iniciativa de reforma llega a ser aprobada e implementada, EU y Canadá podrían presentar una demanda Estado-Estado, “primero realizarían consultas y luego solicitarían establecer un panel contra México en posición de represalias comerciales, así como los inversionistas que se vean afectados”, explicó Kenneth Smith.
La cereza del pastel la aporta el litio, ya que en los anexos del T-MEC se incluye una lista de reservas que detalla qué sectores productivos están reservados al Estado, y el litio no fue incluido en esta lista, “no te puede echar nada más a nacionalizar sectores si no los incluyes en las reservas de los tratados”, apuntó.
Para Gabriel Ruiz, socio de la práctica de energía de Holland & Knight, “de aprobarse la iniciativa, inmediatamente generará el inicio de una etapa de reclamaciones, muy probablemente a nivel internacional, en donde las empresas van a hacer valer sus derechos bajo los tratados vigentes”, indicó.
Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), alertó que esta medida dejaría en el ‘limbo’ a las empresas, “se nos puede ir lo que queda de la administración en lo que las funciones de los órganos autónomos son absorbidas por la Secretaría de Energía”.
IP advierte expropiación
Para el sector privado, la iniciativa además de impactar a consumidores y finanzas públicas, impedirá a México cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable para el 2030, y consumaría una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada.
“La imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del poder judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes”, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Esos efectos retroactivos, “consumarían una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país, poniendo en grave riesgo la credibilidad de nuestro país como socio comercial y dejándolo expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales”, añadió el organismo.
Por separado, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), cuestionó en un comunicado “¿qué sucedería con la producción, las exportaciones y las actividades comerciales, sin competencia en el sector eléctrico?”, y advirtió que la iniciativa presidencial vulnera el Estado de derecho y el principio de no retroactividad “al cancelar los permisos de autoabasto, otorgados inclusive antes de la reforma del 2013″.