El sector privado nacional externó su respaldo a la Secretaría de Economía respecto a las acciones que decida tomar para defender los derechos de los empresarios mexicanos en caso de aprobarse en Estados Unidos el crédito fiscal para vehículos eléctricos, por su impacto para la economía nacional al poner en riesgo a un cuarto de las exportaciones nacionales y ser violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
De acuerdo con organismos empresariales, preocupa la iniciativa de ley de la que se espera que el Senado de Estados Unidos someta a votación el próximo 13 de diciembre, en la que plantea otorgar un monto de crédito fiscal de hasta 12 mil 500 dólares para vehículos eléctricos ensamblados en ese país, además de otros incentivos para componentes producidos igualmente en su territorio.
En México, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, advirtió que de ser necesario, se iniciaría otro proceso de consulta bajo la letra del T-MEC que podría desembocar, si no se llega a un acuerdo, en un panel de resolución de controversias.
En una conferencia ofrecida la semana pasada, la funcionaria advirtió que si Estados Unidos aprueba la iniciativa, México aplicaría aranceles a productos sensibles, además de que tocarán la puerta “senador por senador” para que esto no ocurra.
“Tendríamos que plantear algo muy importante y estratégico para que, en aquellos productos, en aquellos lugares donde también duele, hacia el otro lado, dar ‘tiros de precisión’ para que las consecuencias se sientan”, dijo Clouthier.
La propuesta incluida en el plan de Biden contempla un aumento a los créditos fiscales existentes para la compra de coches eléctricos. Si el vehículo y su batería cumplen con un mínimo de contenido y mano de obra estadounidense, el crédito podría subir de 7 mil 500 dólares a 12 mil 500 dólares. De aprobarse, el nuevo plan de créditos entraría en vigor a partir de 2027.
En coincidencia sobre el impacto violatorio de esa iniciativa, tanto al acuerdo comercial T-MEC, como a las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), así como la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), avalaron la postura del gobierno mexicano al señalar que es contraria a la integración productiva en América del Norte que busca el tratado, además de que es discriminatoria de las exportaciones mexicanas de vehículos eléctricos.
Sindicato patronal se agrupa
Al llamar al diálogo y agotar los recursos disponibles para alcanzar una negociación de respeto entre dos países aliados estratégicos, la Coparmex manifestó su apoyo para las medidas del gobierno.
“En Coparmex respaldamos las acciones legales a las que el Gobierno de México decida recurrir de aprobarse esta iniciativa, pues se deben respetar los acuerdos comerciales que entre ambas naciones han dado pie a una relación bilateral sana y productiva a través de los años”, señaló el sindicato patronal en un posicionamiento.
La iniciativa de ley conocida como Build Back Better Act, fue ya aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y se espera que el Senado la ponga a votación el próximo 13 de diciembre.
De aprobarse, solo los vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos podrán ser elegibles para acceder a cualquiera de los montos del crédito fiscal, lo que pone en riesgo a la industria automotriz mexicana que aporta cerca del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), representa más del 25 por ciento de las exportaciones, y que genera más de un millón de empleos.
Una misma voz
Por su parte, Héctor Tejada Shaar, líder de los sectores del comercio, los servicios y el turismo en la Concanaco Servytur, señaló que “la Confederación respalda así cualquier acción emprendida por la Secretaría de Economía y encaminada a proteger los intereses de los empresarios mexicanos”.
Por su parte, la Concamin se sumó a la postura del Gobierno de México para defender a la industria mexicana y destacó su solidaridad con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que aglutina a las armadoras.
“La Concamin, que preside José Antonio Abugaber Andonie, coincide en que esta medida contraviene las disposiciones del T-MEC y de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, y es contraria a la integración productiva en América del Norte que busca el tratado, además de que es discriminatoria de las exportaciones mexicanas de vehículos eléctricos”, señaló.
Agregó que “se solidariza con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y las familias mexicanas que pudieran verse afectadas en su economía con estas decisiones, pues de cumplir la iniciativa el correspondiente proceso legislativo y entrar en vigor, causaría afectaciones negativas considerables”.
“No dará un paso atrás en la defensa de la economía de las familias mexicanas y la industria de nuestro país”, concluyó el organismo industrial.