Para 2022 todas las facturas deberán incluir los datos del régimen fiscal del contribuyente y si este dato no se proporciona no se emitirá el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
Por ello, todas las personas deberán conocer el régimen fiscal en el que están inscritos, advirtieron Laura Grajeda y Ramiro Álvarez, presidente y vicepresidente fiscal, respectivamente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Expusieron que para evitar contratiempos, los causantes del fisco tendrían que cargar consigo de forma permanente alguna copia en reducción de su constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Problemas dejados por reforma: las ambigüedades
Por otra parte, Grajeda destacó que las reformas fiscales de 2022 contienen algunas ambigüedades, las cuales sería deseable que se precisen en la miscelánea fiscal que se espera para los próximos días.
Por ejemplo, es necesario aclarar si los contribuyentes que tienen acciones en algún club deportivo o en alguna sociedad sin fines de lucro podrían gozar de los beneficios del Resico.
Acerca del tema de presunción de complicidad para los contadores públicos que dictaminen y que no denuncien algún ilícito de su cliente, Laura reconoció que algunos despachos sí están evaluando ampararse, pero también realizan trabajo de cabildeo con los legisladores para corregir este cambio en la ley de 2022.
“No estamos capacitados los contadores públicos para tipificar e identificar un delito fiscal. Como esta prevista la disposición parecería que cualquiera que participe en un delito fiscal sufrirá presión de 6 meses a tres años. Estamos solicitando a los legisladores que hagan una revisión para deslindar a los profesionales de la contaduría pública”, enfatizó.
Ernesto O’Farril, presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, destacó que el gremio de los contadores estima que el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento económico del país es el COVID, con 72 por ciento de las opiniones, mientras que el segundo factor es la inseguridad con 62 por ciento de las respuestas y en tercer lugar la corrupción con 51 por ciento.