La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá impactos importantes de aprobarse o no la reforma eléctrica que plantea la actual administración. De no avalarse, su participación en la generación de energía podría caer hasta 16 por ciento en los próximos ocho años; pero de tener luz verde, expertos prevén apagones desde el día uno por falta de capacidad para atender al 56 por ciento del mercado.
En el primer foro del parlamento abierto para discutir la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica en la Cámara de Diputados, Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), aseveró que provocaría daños irreparables al sector, ya que si bien reconoció que hay aspectos que mejorar, llamó a no destruir lo logrado con la reforma energética de 2013.
“Se cancelaría el 62 por ciento de la generación nacional por la cancelación de los permisos, y alrededor de 50 por ciento del país podría quedarse sin luz, lo que generaría un paro para la industria y el comercio, pérdida de empleos, indemnizaciones y sanciones internacionales por los acuerdos comerciales, y habría un daño en la calificación crediticia. La solución requiere de una colaboración entre el Estado, el sector privado y social”, aseveró.
Rosanety Barrios, analista del sector energético, apuntó que la CFE enfrenta problemas de recursos para poder atender la demanda si pasa la propuesta del Ejecutivo. Por ello, consideró que se debe incluir mayor competencia para que se invierta en donde a la Comisión no le conviene o no puede.
Montserrat Ramiro, excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), manifestó su preocupación de que los argumentos para aprobar la reforma se centren en el debate entre empresas contra el sector público, más allá de atender los impactos a los consumidores.
“No cometamos el error de pensar que los cambios a la Constitución solamente afectarán a un limitado número de empresas con permisos de generación de energía. Los cambios constitucionales son solamente para mejorar las condiciones de mercado de la empresa estatal o para castigar algunos que pensamos hayan abusado del mismo. Si esto fuera necesario, hay muchas formas contempladas en el marco de la Ley”, señaló.
La experta añadió que la propuesta, además de afectar injustamente a la mayoría de los proveedores privados que “hacen las cosas bien”, puede derivar en que México se quede rezagado en su capacidad para generar suficiente energía que le permita competir en el mundo, y le cumpla a los mexicanos su derecho a un ambiente sano.
CFE perdería mercado
Al defender la iniciativa, Manuel Hornelas, Jefe de Oficina del Programa de Ahorro de Energía de CFE, aseveró que de no modificarse el mercado eléctrico en el país, la participación en la generación de energía de la empresa podría caer a 16 por ciento en los próximos ocho años, lo que a su vez provocaría que disminuyera la confiabilidad del sistema.
Expuso que la participación de la CFE en 2017 era de 54 por ciento, pero bajó hasta 39 por ciento en 2020, precisamente por lo “injusto que es actualmente la normativa”, consecuencia de la reforma energética de hace casi una década, que privilegió a las compañías privadas.
Contrario a lo que han expresado adversarios a la iniciativa, dijo que no se está en contra de la entrada de energías renovables, sino de que sea de forma ordenada en regiones que lo necesitan, por lo que es prioridad que el Estado recupere el control del Sistema Eléctrico Nacional para desarrollarlo.
Héctor Cuapio Ortiz, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), expresó que la reforma de 2013 no benefició en nada al sector eléctrico e incluso los perjudicó, por lo que ahora defenderán esta nuevas modificaciones “pese a lo que pese”, ya que están convencidos de que no se afectan acuerdos internacionales ni habrá incrementos en tarifas eléctricas.
En bloque
Más temprano, gobernadores integrantes del partido Morena llamaron a los legisladores a detener el “saqueo, abusos y corrupción” que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad en el mercado mexicano con la aprobación de la reforma.
En la primera sesión de trabajo de titulares de los ejecutivos locales, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Rutilio Cruz Escandón, de Chiapas; Evelyn Salgado, de Guerrero; Layda Sansores, de Campeche; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; Rubén Rocha, de Sinaloa; y Lorena Cuéllar, de Tlaxcala, respaldaron la reforma.
Sheinbaum argumentó que la iniciativa es un acto de responsabilidad que da a la nación soberanía energética, planeación en la economía con menos emisiones contaminantes y permitirá acabar con abusos y saqueos.