El presidente Andrés Manuel López Obrador quiso realizar ajustes en el sector eléctrico mediante leyes secundarias, sin embargo, las cámaras empresariales, asociaciones de energía y empresas privadas nacionales y extranjeras, interpusieron 4 mil 250 amparos, lo que provocó que fuera necesario impulsar una reforma constitucional, indicó Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados (ICL) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Puntualizó que la iniciativa de reforma en materia eléctrica busca corregir las ilegalidades que surgieron en 1992 (autoabastecimiento y Productores Independientes de Energía), las regulaciones “perversas” de 2013, la simulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), ordenar los criterios de despacho que no reflejan los costos reales de generación y otros aspectos fundamentales para asegurar la fortaleza de la CFE.
“La regulación vigente no permite tampoco que CFE Suministrador de Servicios Básico celebre contratos de compra-venta de energía, solo puede comprar energía bajo tres modelos: Mercado Spot, Contrato Legado y Subastas de Largo Plazo”, dijo.
El directivo también agregó que el sector está concentrado en cinco grupos empresariales, que son Saavi, Naturgy, Mitsui y Enel, siendo Iberdrola el mayor jugador.
Por otra parte, Mario Eduardo Díaz Ocheita, coordinador de Estudios Económicos de la Dirección de Planeación Estratégica de la CFE, resaltó que la reforma Constitucional y las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica de 2013 colocaron a la CFE una “camisa de fuerza” que le han impedido crecer de manera equiparable a los privados.
Entre ellos, destacó los Servicios Conexos no incluidos en el MEM, fundamentales para mantener la calidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional y que no se pagan a la CFE, tampoco estableció un Mercado de Capacidad que retribuyera los costos fijos.