La electricidad es un área estratégica para el país, por lo que debería ser establecida como un bien jurídico tutelado como un derecho humano, señaló Nancy Jocelyn Jiménez Camacho, jefa de Oficina del Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Durante su participación en el foro 25 del Parlamento Abierto, la especialista enfatizó que el Poder Judicial debe velar por los intereses de los consumidores de electricidad y no verlos como si estuvieran comprando un producto más
“La electricidad como derecho humano debe ser ponderado sobre otros derechos”, comentó.
Para lograr esto, deben considerarse tres aspectos que deben quedar garantizados para los mexicanos, como son el derecho al acceso, suministro y el establecimiento de un mínimo vital de electricidad.
“A través de un estudio de pobreza energética se pueda definir las áreas que se necesitan abarcar para que se puedan atender como un mínimo vital y garantizar que no faltará el acceso ni el suministro eléctrico”, apuntó.
Por otra parte, Miguel Zárate, abogado litigante, señaló que desde que inició la actual administración, el sector energético en México se ha debilitado legalmente por diversas razones, entre las que destacó siete puntos.
“El debilitamiento de la separación legal y funcional de las empresas productivas del Estado; la cancelación de las rondas o subastas de temporadas abiertas para energías limpias; el debilitamiento de órganos reguladores; la lentitud para otorgar permisos; la presión para que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) no actúe como operador independiente; la presión a Conamer, y la cancelación de proyectos privados”, enumeró.
Hasta la fecha, las empresas han presentado al menos 175 amparos en contra de decisiones tomadas por la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, por lo que de aprobarse la reforma eléctrica, tendría que analizarse el futuro de todos estos alegatos legales.