La francesa Engie, la italiana Enel, y la española Acciona Energía están entre las empresas extranjeras a las que el regulador de energía de México ha bloqueado la operación de plantas eólicas y solares, a medida que el Gobierno busca concentrar la energía en manos de la estatal de servicios públicos.
Al menos una decena de proyectos fotovoltáicos y de energía eólica por un total de más de mil 500 megavatios se han construido y están listos para operar en México, pero hay un problema. La comisión reguladora de energía, o CRE, aún debe aprobar las modificaciones a sus permisos que les permitirían arrancar operaciones, según información del Gobierno a la que tuvo acceso Bloomberg.
Ni la CRE ni Engie respondieron de inmediato a las llamadas o correos electrónicos en busca de comentarios, mientras que Acciona no hizo comentarios.
Las tres centrales eólicas de Enel en el estado de Coahuila, Amistad II, III y IV, que suman 507 millones de dólares en inversión, siguen a la espera de los permisos para iniciar su operación comercial. “Las razones por las que estas plantas no han recibido dichos permisos deberían ser consultadas al regulador de energía”, dijo un portavoz de la empresa por correo electrónico. Enel ha esperado durante dos años la aprobación para proceder, de acuerdo con Bloomberg Línea.
Proyectos estancados
Si bien a nivel mundial la transición hacia el abandono de combustibles fósiles ocurre a un ritmo acelerado, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, ve a la industria privada de energías renovables como una amenaza a su política energética nacionalista. Además de los retrasos en los permisos, AMLO modificó la ley en 2021 para darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para sus envejecidas plantas hidroeléctricas y térmicas en la matriz energética, mientras que los proyectos eólicos y solares de propiedad privada quedan en segundo lugar.
Las plantas eólicas y solares recién construidas se encuentran entre los cientos de proyectos energéticos que se han estancado. En diciembre de 2020, Bloomberg informó que más de 200 proyectos en varias fases de construcción en México estaban a la espera de los permisos. Desde entonces, ese número se ha duplicado, incluidos los proyectos que esperan aprobación para la modificación o transferencia de permisos de generación de electricidad a partir del 10 de marzo, así como 102 nuevas solicitudes de permisos presentadas hasta el 10 de junio, según muestran los datos.
El costo de inversión por megavatio de capacidad instalada asciende a más de mil 770 millones de dólares, según estimaciones de la industria de 800 mil dólares por megavatio para energía fotovoltaica y 1.5 millones de dólares por megavatio para energía eólica.
Oposición de empresas, activistas y legisladores
La oposición de empresas, activistas climáticos y legisladores ha sido fuerte. Los cambios de AMLO a las leyes se han visto envueltos en amparos de tribunales especializados. Si bien la ley de marzo de 2021 fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de México en abril de este año, la mayoría de los ministros votaron en contra de sus artículos fundamentales, sentando un precedente importante para las empresas que buscan emprender acciones legales en su contra en los tribunales inferiores.
Las plantas Akin Solar y Nueva Xcala de Engie en los estados de Sonora y Tlaxcala, respectivamente, están a la espera de la modificación de los permisos, al igual que el proyecto eólico San Carlos de Acciona Energía en Tamaulipas. En general, las modificaciones son para fines administrativos, como cambiar la fecha de operación comercial.
Este mes, la española Iberdrola de manera similar, enfrentó obstáculos por parte de la CRE, que notificó a la empresa que un parque eólico que ya estaba en operación en el estado de Guanajuato necesitaría solicitar un nuevo permiso para continuar operando. En 2015, el parque eólico recibió un permiso para operar en el estado de San Luis Potosí, pero después de que Iberdrola descubriera que el terreno ya estaba alquilado a un tercero, la empresa trasladó la planta al otro lado de la frontera estatal a Guanajuato. Hace tres años, la compañía solicitó modificar el permiso, pero esa solicitud fue rechazada en marzo.
Por otra parte, Iberdrola fue multada con 9 mil millones de pesos por presuntamente haber violado los términos de un contrato de autoabastecimiento. Sin embargo, la multa fue suspendida recientemente por un juez. La central eléctrica de ciclo combinado de la compañía en el estado de Nuevo León permanece cerrada en medio de una batalla legal luego de que la CRE rechazara la solicitud de Iberdrola para modificar su permiso.