En 2014, la beneficencia pública recibió los primeros recursos de las cuentas inactivas detectadas por los bancos, esto tras la reforma aprobada en 2008 que obligó a los bancos a enviar a una cuenta concentradora el dinero de aquellas cuentas sin movimientos en un lapso total de seis años. Ahora se busca que parte de estos recursos sean destinados para labores de seguridad pública.
Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), recordó que en 2008 se hicieron modificaciones al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, en donde se aprobó que los recursos de cuentas inactivas en bancos por tres años pasarían a una cuenta concentradora de cada institución, y pasados otros tres años sin ser reclamados esos recursos prescriben en favor del patrimonio de la beneficencia pública. De acuerdo con la ley, los dos primeros meses de cada año se notifica a la autoridad sobre el cumplimiento de este artículo.
En entrevista con El Financiero el directivo reconoció que “en 2014 se cumplieron los primeros seis años (para entregar recursos a la beneficencia pública) y no tenemos registro de los montos que se han entregado porque es una información granular que maneja cada banco, no se maneja a nivel gremial, lo que sí sabemos es que la gran mayoría de la gente no deja de tener movimientos en sus cuentas, la gente sí suele utilizar su dinero, pero no tenemos datos precisos, ni siquiera aproximados de cuánto es lo que se ha destinado a la beneficencia desde que entró en vigor en 2008 y el primer vencimiento fue en 2014″.
Para los bancos, explicó, la forma de canalizar los recursos de las cuentas inactivas no cambia, ya que en la propuesta aprobada en la Cámara de Diputados se menciona que en cuentas con montos de hasta 51 mil pesos seguirán siendo para la beneficencia pública, los montos mayores serían repartidos en los tres niveles de gobierno para la seguridad pública.
El martes 11 de obtubre, la Cámara de Diputados aprobó que los recursos de las cuentas olvidadas en los bancos pasen a ser propiedad de la Tesorería de la Federación, para usarlos en el reforzamiento de la seguridad e infraestructura policial de las policías locales, estatales y de la Guardia Nacional.
Esta reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito ha sido bautizada como Ley Mier, ya que la iniciativa fue presentada por el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco de la bancada de Morena.
El dictamen ropone que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en cuentas abandonadas prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan.
También, menciona que los depósitos e inversiones y sus intereses, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización en la Ciudad de México, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública; la ley vigente establece 300 días de salario mínimo general.
Las instituciones bancarias estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el tiempo de abandono de las cuentas.