Las autoridades deben actuar de forma coordinada y eficaz para que el conflicto entre taxistas y conductores de plataformas digitales como Uber en Cancún, Quintana Roo se resuelva mediante el diálogo, de forma pacífica y consensuada, expuso la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
A través de un comunicado respaldó la exigencia de los Centros Empresariales de Coparmex Quintana Roo, Chetumal, Cozumel y Riviera Maya para establecer un diálogo que ponga fin y evite la repetición de los enfrentamientos que afectaron a ciudadanos y viajeros, cuya última consecuencia fue la emisión de una alerta de viaje por parte del gobierno de los Estados Unidos al destino.
“Hacemos un llamado respetuoso y firme para que se garantice el ejercicio del derecho humano a la movilidad que tenemos como mexicanos y que es extensivo también a los turistas nacionales e internacionales”, sostuvo. Además, enfatizó en que el conflicto generó malestar entre la población local.
Los taxistas locales demandan un “piso parejo” con los conductores de plataformas de movilidad, como Uber y DiDi, a los que se autorizó para operar en el destino turístico. Desde entonces se registraron enfrentamientos violentos y bloqueos que derivaron en afectaciones a la población y turistas.
Coparmex instó a que se recupere el orden y la paz en el estado para revertir los efectos negativos que a nivel internacional ha traído este conflicto. Además recalcó que al alcanzar acuerdos se siguen con los esfuerzos de la industria para reposicionar al destino luego del impacto de la pandemia del COVID-19.
“Llamamos a los gobiernos a hacer valer el Estado de derecho para preservar las fuentes de empleo de los connacionales y proteger la integridad de los viajeros, tanto nacionales como extranjeros, que disfrutan de los atractivos turísticos y naturales que ofrece nuestro país en esta región de México”.
Por último, la Coparmex reiteró que la movilidad es un derecho humano, y la población de Cancún y el turismo nacional e internacional merecen la posibilidad de elegir entre distintas alternativas de movilidad en la que todas las partes del ecosistema tengan por resultado un ganar-ganar. “La ley se debe respetar y las autoridades deben garantizar su cumplimiento”, puntualizó.