La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un anteproyecto que busca reanudar los plazos y términos legales de manera ordenada y escalonada; sin embargo, no lo haría de la misma forma en la que se hacía previo a la pandemia del COVID-19.
El anteproyecto contempla que los interesados sólo podrán hacer una solicitud por mes, además de que estarán limitados.
“La CRE solo podrá recibir 50 solicitudes al mes en hidrocarburos, 15 solicitudes al mes en electricidad, y 120 solicitudes de preregistro de la Oficialía de Partes Electrónica (OPE) al mes” se puede leer en el anteproyecto.
“En resumen, la CRE no solamente no estaría reanudando de manera ordinaria su actividad administrativa, sino que estaría limitando materialmente tanto el desahogo de resoluciones como la presentación de solicitudes”, advirtió en una alerta legal la firma Cortés Quesada Abogados.
El despacho legal señaló que al restringir el número de solicitudes que la CRE recibirá mensualmente, la capacidad de los permisionarios existentes y nuevos participantes en realizar solicitudes de manera adecuada estará severamente obstaculizada, ya sea para nuevos permisos, o las modificaciones y actualizaciones.
Esto podría implicar riesgos importantes en sus operaciones, incluyendo incumplimientos de obligaciones de permisionarios al no poder realizar solicitudes dentro de los tiempos que marca la regulación aplicable.
“Por lo anterior, ante la inminente entrada en vigor del Anteproyecto se recomienda a participantes de la industria la posibilidad de presentar recursos legales correspondientes, dado que el anteproyecto parece trastocar u obstaculizar protecciones constitucionales, como el derecho de petición que pudieran ser combatidas en los tribunales judiciales correspondientes”, indicó la firma legal.
Para Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), levantar la suspensión de plazos y términos es una buena señal que permitirá desahogar el rezago que viene acumulándose desde 2020; sin embargo, las limitaciones incluidas en el anteproyecto podrían contener el dinamismo que venía observándose en el sector.
“Existen grupos que cuentan con decenas o centenas de permisos al amparo de la misma razón social y de limitarse a sólo una solicitud por mes, puede ser algo que va a generar controversias judiciales y estos lejos de ser un beneficio, generan incertidumbre y pueden limitar la inversión”, subrayó.
Por lo pronto, la CRE solicitó la exención de análisis de impacto regulatorio del anteproyecto, por lo que de ser aprobado por Conamer y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el anteproyecto entraría en vigor a partir del 1 de marzo de 2023.