El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma administrativa que busca tres objetivos principales: ‘la reversión de actos de corrupción, la prevención de actos lesivos al interés público o que puedan causar daños al erario y el fortalecimiento de la Administración Pública Federal’.
Entre los puntos más importantes, el Gobierno de México plantea establecer un límite al pago de indemnizaciones derivados de procedimientos jurisdiccionales o arbitrales, tanto nacionales como extranjeros.
“En 2020, en procedimiento de arbitraje contra el Estado mexicano iniciados en años anteriores, se ordenó el pago de cerca de 214 millones de euros (4 mil 271 millones de pesos a valor actual) como indemnización a empresas privadas, suma que equivale a 10 veces el presupuesto de la dirección general de epidemiología de la Secretaría de Salud”, apuntó.
De acuerdo con Bloomberg, la disputa energética entre México, Estados Unidos y Canadá podría costarle al erario entre 10 y 30 mil millones de dólares si un posible panel de solución de controversias falla en contra del país.
Bernardo Cortés, socio de la firma Cortés Quesada abogados, indicó que si el Gobierno de México planea ‘blindarse’ ante posibles fallos en contra, como el de un posible panel energético en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), esta no sería la opción.
“Los Tratados internacionales tienen una jerarquía mayor que las leyes federales, como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que esta reforma no alcanza a cubrir ese tipo de situaciones, así que esas posibles condenas van a seguirse ejecutando sin ningún tipo de límite”, dijo.
La iniciativa también plantea incluir la figura jurídica de revocación, con el fin de revertir los actos administrativos que puedan afectar el interés público.
Por lo tanto, se buscarán establecer causales para revocar concesiones, permisos, autorizaciones o licencias que afecten el interés público o causen algún tipo de desequilibrio económico, social, ambiental o de cualquier índole.
De acuerdo con la firma legal Campa y Mendoza, los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos están sujetos únicamente a las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, por lo que, en principio, la posible reforma administrativa no debería afectar estos contratos.
“Sin embargo, otros permisos y autorizaciones para realizar otras actividades del sector de petróleo y gas, como los que cuentan con permisos de la CRE, permisos de importación y exportación de hidrocarburos, podrían verse afectados”, apuntó.
Bernardo Cortés consideró que la iniciativa es muy ambiciosa ya que pretende modificar 23 leyes y muchas de las modificaciones se traducen en incertidumbre para inversionistas.
“Muchos de estos cambios podrían generar un desincentivo para poder anclar un proyecto de infraestructura, ya que la gran mayoría de los proyectos requieren permisos o cuentan con una carga regulatoria importante”, dijo.
En caso de que la iniciativa sea aprobada por la Cámara de Diputados, tendría que ser aprobada también por el Senado para que el proyecto de ley se convierta en ley.
“La aprobación del proyecto de ley no requiere de una mayoría superior en ninguna de las Cámaras, ya que no introduce ninguna reforma o cambio a la Constitución Mexicana, por lo que Morena y sus aliados podrían aprobar el proyecto de ley sin ayuda de la oposición”, puntualizó la firma legal.