La aprobación en ‘fast track’ de nueve reformas legislativas podrían afectar la competitividad en México, ya que su discusión y aprobación se ha realizado de forma expedita y atropellada, coincidieron analistas y sector privado.
“Carecieron de suficiente análisis y discusión, lo que genera incertidumbre en las reglas del juego del proceso legislativo”, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Consideraron que, aunque las reformas que se votaron en la Cámara de Diputados pasaron por los procesos de dictaminación interna, en algunos casos, su votación en comisiones se llevó a cabo a partir de una convocatoria extraordinaria que se sustenta en el reglamento bajo circunstancias ‘urgentes’.
“El uso de la urgencia como justificación genera opacidad en la toma de decisiones y, por lo tanto, incide directamente en las leyes que rigen este país. En este caso, la manera de legislar no permitió, por su premura, la participación de la ciudadanía ni la generación de consensos”, apuntó el think tank.
Miriam Grunstein, abogada de la consultoría Brilliant Energy, señaló que la reforma que más le preocupa es la administrativa, ya que destroza la institucionalidad.
“Con esto podrías dejar sin efecto los derechos que adquirieron diversas empresas durante gobiernos anteriores, argumentado en un interés general, seguridad nacional o interés público, por lo que de aprobarse la reforma se pierden principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, además de generar incertidumbre”, dijo.
En tanto, Juan Francisco Torres Landa, socio director de la firma legal Hogan Lovells, consideró que lo que se sucedió en la Cámara de Diputados se puede catalogar como un día fúnebre para el proceso legislativo del país.
“No se ha respetado ni la mínima esencia de los que es el funcionamiento correcto, deliberativo y ordenado del Poder Legislativo, no queda duda que estas reformas son anticonstitucionales, están fallando las formas, están aprobando cosas al vapor, y estoy seguro de que muchos de los diputados ni siquiera las leyeron, así que tienen todos los ingredientes para que la Corte diga, esto no puede pasar así y se tengan que regresar a su origen para que cumplan con todos los requisitos”, dijo el experto.
Jair Bravo, socio director de Bravo Abogados, apuntó que estas reformas al no ser analizadas ni discutidas previamente, es muy probable que tengan graves problemas de inconstitucionalidad, lo que traerá quizá, el mayor reto que ha tenido hasta ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Otorgan a la Secretaría de la Función Pública atribuciones para ser juez y parte al poder contratar y auditar las contrataciones del Gobierno, lo que plantea preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas”.
De manera específica, Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del IMCO, dijo respecto a los cambios en los proyectos de tecnología e innovación, que “tenemos el problema de que la reforma no sea clara en cuántos recursos se van a destinar a esos proyectos. Al abrogar ciertas leyes del Conacyt, no queda claro el monto destinado a proyectos de investigación e innovación, lo que podría perjudicar a la inversión”.
IP advierte riesgos
Por su parte, la iniciativa privada ve como un riesgo este actuar para la economía mexicana, pues no se están evaluando todos los riesgos alrededor de sus decisiones.
Incluso, aseveraron que algunas de ellas son contrarias al marco constitucional y a los tratados internacionales, tales como el T-MEC, lo cual afecta la competitividad y la reputación del país como un socio comercial confiable.
“El sector privado ha hecho un llamado al diálogo y al consenso en numerosas ocasiones, ya que muchas de estas propuestas inhiben las oportunidades de inversión extranjera directa y manda una señal muy negativa a nuestros potenciales socios comerciales en el exterior. Especialmente por el momento histórico que estamos viviendo en México, en materia de relocalización de las operaciones comerciales”, manifestaron fuentes del sector.
Por su parte, el Consejo de Empresas Globales consideró que si todas las propuestas que se han presentado se continúan aprobando sin cambios respecto a como fueron originadas, sin una adecuada consulta y sin tomar en consideración la visión del sector privado, se envía una señal negativa a las empresas que han confiado e invertido en diversos sectores del país.
“Invitamos a un diálogo constructivo y franco con los tres poderes de la Unión para que se analice y debata de forma consensuada los eventuales cambios al marco jurídico y regulatorio, toda vez que pueden afectar el futuro económico nacional”, manifestó.
Insistió en que es fundamental que se escuchen todas las voces y las decisiones que se tomen del lado público se apoyen en las mejores prácticas internacionales.