Los productores de maíz de Sinaloa están preocupados por la caída de los precios internacionales y molestos por la falta de apoyo del gobierno federal, ya que al vender su producción no podrán recuperar los costos de insumos y podrían caer en insolvencia para pagar sus créditos.
Actualmente, los precios de futuros de maíz son 30 por ciento menores al año pasado y el tipo de cambio se ha apreciado 14 por ciento, lo que impacta en casi 900 pesos menos al estar dolarizado el precio. Así también, la tasa de interés al subir impactó los costos de avío y de compra de inventarios en 54 por ciento, y la producción excedente, con 6.3 millones de toneladas, no se permite la exportación, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
A esto se suma que Segalmex, el organismo encargado de operar el programa de precios de garantía, no ha publicado reglas y mecánica de operación y no ha pagado después de 40 días de iniciada la cosecha. El gobierno del estado ya publicó su mecánica operativa, pero tampoco ha pagado nada.
Al quedar 4 millones de toneladas libres, el precio de mercado está entre 5 mil y 5 mil 200 pesos por tonelada al productor y el año pasado fue de 7 mil 50 pesos.
Los productores demandan que se les pague lo que les corresponde por el programa de precios de garantía, que se les otorgue un apoyo emergente para no caer en cartera vencida y seguir en la actividad, y que se restablezca la política de comercialización que se tenía, con un ingreso objetivo, la agricultura por contrato y coberturas de precio, que otorgue certidumbre al productor, comprador y mercado.
Para ello, solicitan una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que es el único que podría autorizar este apoyo; sin embargo, no han recibido respuesta ni atención por parte del gobierno federal.
Los productores advierten que si no se resuelve pronto esta situación, podrían tomar medidas más drásticas, como bloquear carreteras o manifestarse frente a Palacio Nacional. Consideran que el maíz es un cultivo estratégico para la seguridad alimentaria del país y que merecen un trato justo y digno por parte de las autoridades.