La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha explicado por qué se impuso una multa de gran cantidad a Emilio Lozoya Austin, como parte del acuerdo de reparación del daño generado por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, cuando fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Luego de que el Gobierno subiera de 10.7 a 30 millones de dólares el monto compensatorio, Lozoya afirmó que a su parecer esta suma “raya en la extorsión”.
Con respecto a esta situación, la UIF ha emitido un comunicado este viernes para explicar la situación.
El sobreprecio y las ‘mordidas’ en el caso Agronitrogenados
La autoridad recordó que Lozoya, cuando fue director general de Pemex, compró la planta de Agronitrogenados a sobreprecio, con lo cual causó “graves daños al patrimonio y a la Nación”.
En 2014, Pemex compró dicha planta, que estaba fuera de operaciones por 275 millones de dólares; el sobreprecio fue de 216 millones de dólares (es decir que la planta adquirida solo valía 58 millones). Y en los siguientes años, la petrolera a cargo de Lozoya siguió haciendo más gastos para rehabilitar la infraestructura.
En total, solo por el caso Agronitrogenados, esta decisión de Lozoya habría costado a México 760 millones de dólares, aseguró la UIF.
Según la UIF, por esta operación de compra, Lozoya recibió una “mordida” (pago de soborno) de al menos 8.4 millones de dólares por parte de Altos Hornos de México (AHMSA), bajo la dirección de Alonso Ancira. Estos pagos se realizaron mediante triangulaciones internacionales de lavado de dinero.
La autoridad recordó que Alonso Ancira, quien también ha sido señalado y juzgado por el caso, ha realizado pagos de reparación del daño por un total de 104 millones de dólares hasta el momento. El empresario aún debe cubrir 112 millones restantes antes del 1 de diciembre próximo.
Y a esto todavía debería sumarse lo que resultó del caso Odebrecht.
En esta segunda acusación, Emilio Lozoya recibió sobornos por al menos 7.3 millones de dólares por parte de la empresa brasileña, con el fin de que Pemex le adjudicara tres contratos relacionados con Salamanca, Tula I y Tula II.
Luego de la petición de 30 millones de dólares del Gobierno como parte del acuerdo reparatorio, el abogado Miguel Ontiveros dijo que parece que las autoridades quieren intimidar a Lozoya con este monto.
“El monto ya está decidido. Yo no voy a permitir como abogado que se ejerza cualquier tipo de acción ilegítima hacia una persona que yo represento. El monto ya fue fijado en enero del 2022 y lo hicieron ellos mismos”, expuso el abogado de Lozoya.
Sobre el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que considera justa la cantidad ajustada y negó que sea una extorsión.
“Si se revisa el daño causado al erario público, fue mucho. No solo intervino Lozoya, sino también otros, él mismo declaró cómo se manejó la relación con la empresa de Odebrecht. Lo que pienso es que debe de haber justicia, reparación del daño en la medida que lo establece la ley”, agregó el presidente.