Los gasolineros del país enfrentarían un impacto económico de 800 millones de pesos para obtener los certificados que acrediten que implementaron de manera correcta los controles volumétricos que les solicita el Servicio de Administración Tributaria (SAT), calcularon gasolineros cercanos a la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo Nacional).
Esta cifra fue calculada tomando en cuenta que el costo promedio por el proceso de inspección para otorgar los certificados asciende a poco más de 60 mil pesos, por lo que, al considerar las más de 13 mil 400 estaciones de servicio del país, dan como resultado un gasto aproximado de 800 millones de pesos.
Las fuentes consultadas consideran que este monto representaría un costo importante para el sector, ya que a esta cantidad todavía habría que sumarle los costos fijos anuales de las operaciones de cada estación de servicio, así como costos indirectos que se generarán para dar cumplimiento a esos requisitos.
Las gasolineras tienen hasta el próximo 31 de diciembre para obtener sus certificados, lo que representará un reto importante para el sector, ya que se estima que menos del 10 por ciento de las estaciones de servicio cuentan con los certificados de cumplimiento de controles volumétricos.
De acuerdo con fuentes cercanas a los gasolineros, por más que se desee cumplir, los empresarios del sector deben enfrentar un cuello de botella regulatorio, debido a que actualmente solo están disponibles alrededor de 70 equipos de verificación para atender a todos los permisionarios.
Por esta razón, los gasolineros consideran que, para evitar multas o represalias por incumplimiento, lo mejor sería que las autoridades ampliarán la fecha más allá de este año, ya que ante un escenario en el que se pudieran atender 50 estaciones de servicio por semana, el tiempo estimado para atender el total de estaciones de servicio de gasolinas y diésel sería de un aproximado de 270 semanas.
Los controles volumétricos son todos aquellos registros de volumen de entrada, salida y existencias asociados a las facturas o pedimentos correspondientes a la adquisición, enajenación o servicios vinculados con hidrocarburos y petrolíferos.
Las autoridades podrían aplicar sanciones de tres a ocho años de prisión a los empresarios gasolineros que no cuenten con controles volumétricos o de seis a 12 años a quien enajene hidrocarburos o petrolíferos de procedencia ilícita.