El gobierno de Estados Unidos pidió la conformación de un panel del Mecanismo de Respuesta Rápida Laboral (RRM, por sus siglas en inglés) bajo el T-MEC para abordar una disputa laboral en la mina San Martín, ubicada en Zacatecas, propiedad del conglomerado Grupo México.
Este sería el primer panel laboral en los tres años que lleva de vigencia el T-MEC.
La decisión de solicitar la intervención del RRM se deriva de un proceso que se inició el 16 de junio de 2023, cuando Estados Unidos envió una solicitud a México para revisar la situación laboral en la mina San Martín. La solicitud planteaba inquietudes sobre la posibilidad de que los trabajadores en la mina estuvieran siendo privados de sus derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.
Si bien Estados Unidos y México han colaborado en la resolución de violaciones a los derechos laborales en varias instalaciones mexicanas a través de otros asuntos del Mecanismo de Respuesta Rápida Laboral, en este caso las dos naciones no lograron llegar a un acuerdo.
La Representante Comercial, Katherine Tai, señaló que esta decisión reafirma el compromiso de EU de nivelar el terreno de juego para los trabajadores y utilizar todos los recursos disponibles para salvaguardar sus derechos. El RRM, que ha demostrado ser una herramienta esencial para defender los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva, es visto como una vía para lograr resultados significativos para los trabajadores.
“Si bien siempre estamos abiertos a colaborar con México para encontrar una solución, nuestra prioridad es brindar resultados significativos para los trabajadores”, dijo Tai.
El proceso que condujo a esta solicitud comenzó el 15 de mayo de 2023, cuando el Comité Laboral Interinstitucional de Monitoreo y Cumplimiento (ILC, por sus siglas en inglés), alegaba que Grupo México había reanudado las operaciones en la mina San Martín a pesar de una huelga en curso y había llevado a cabo negociaciones colectivas con una coalición de trabajadores, esto aunque los mineros tenían el derecho de representar a los trabajadores para fines de negociación colectiva.
Después de una revisión por parte del ILC, se determinó que había pruebas sólidas de una posible negación de derechos, lo que justificaba la solicitud de revisión. Aunque México llevó a cabo una revisión de 45 días y concluyó que no existía una negación de derechos, Estados Unidos no estuvo de acuerdo con esta conclusión y está buscando la intervención de un panel del RRM para examinar la situación.
En respuesta a la solicitud de Estados Unidos, la embajadora Tai también ordenó la suspensión del ajuste final de cuentas aduaneras relacionadas con las entradas de bienes procedentes de la instalación de San Martín, una medida que sigue en vigor.