Los apoyos financieros para Petróleos Mexicanos (Pemex) ascenderán, por lo menos, a 1.5 billones de pesos durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que implicaría un promedio de 249.1 mil millones de pesos anuales, estimó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
De manera desagregada, se puede observar que entre 2019 y 2024 la petrolera que dirige Octavio Romero Oropeza recibiría 861.7 mil millones de pesos como aportaciones de capital, 155.4 mil millones de pesos mediante estímulos fiscales, 61.7 mil millones de pesos a través de otros apoyos y 415.6 mil millones de pesos por reducción del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC).
Sin embargo, esta estimación es conservadora, ya que todavía no se toman en cuenta varios factores, como los apoyos que Pemex obtendrá durante el segundo semestre de 2023, el monto que la petrolera dejará de pagar al Gobierno por la reducción de la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) ni un potencial sobre ejercicio de las transferencias previstas para 2024.
Para el think tank, los apoyos del Gobierno federal a Pemex conllevan un elevado costo de oportunidad.
“La estrategia del Gobierno para fortalecer a la petrolera tiene un costo de oportunidad significativo desde la perspectiva de los recursos que no se han destinado, ni se destinarán, a programas como salud y educación y/o proyectos de inversión que contribuyan a mejorar la competitividad del país”, indicó el IMCO.
Por ejemplo, al tomar en cuenta solo los 170.9 mil millones de pesos que tentativamente se transferirán a Pemex con cargo al erario durante el siguiente ejercicio fiscal equivale a 3.4 veces el presupuesto estimado para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el PPEF 2024 (50.4 mil millones de pesos).
“Además, estos recursos equivalen a 2.2 veces el presupuesto previsto para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (78.5 mmdp) o 1.8 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud (97.0 mmdp).
Asimismo, el IMCO estimó que el compromiso del Gobierno mexicano de reconocer como suyas las obligaciones financieras de la petrolera pueden afectar negativamente a la calificación crediticia soberana, con las implicaciones fiscales que ello conlleva.
La institución consideró que para que los apoyos financieros sean efectivos, deben acompañarse de ajustes estructurales que le permitan a la empresa cumplir con su mandato constitucional de crear valor económico e incrementar los ingresos de la Nación.
“De no implementarse cambios de fondo al interior de la petrolera, cualquier apoyo monetario, ya sean inyecciones de capital, estímulos fiscales u otro tipo de ayudas, será insuficiente para revertir su trayectoria de deterioro financiero y operativo, en detrimento de la Hacienda Pública, de los mexicanos y de la competitividad del país”, apuntó el instituto.