En México, la tasa de informalidad laboral ha disminuido en la última década; sin embargo, su impacto sigue golpeando a las economías locales, especialmente a los trabajadores.
La informalidad laboral es un desafío de alcance global, ya que cerca de 61 por ciento de la fuerza laboral mundial se sustenta a través de empleos informales.
En nuestro país, la tasa de informalidad laboral es elevada y persistente. Si bien ha experimentado un descenso en la última década, pasando de 58.8 por ciento en el primer trimestre de 2013 a 55.1 por ciento en el segundo trimestre de 2023, continúa siendo una gran asignatura pendiente.
El fenómeno de la informalidad laboral no es homogéneo en el territorio mexicano. Afecta de manera más notable a estados del sur como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla, donde supera 70 por ciento, y en menor medida al norte.
Como ejemplo, en Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Coahuila, la tasa apenas supera 40 por ciento.
Para los trabajadores, el empleo informal es sinónimo de precariedad y vulnerabilidad pues la mayoría:
- Carece de un contrato de trabajo.
- Trabaja largas jornadas en condiciones inadecuadas.
- No dispone de acceso a prestaciones sociales.
- No recibe compensación por desempleo o enfermedad.
- No disfruta de períodos vacacionales remunerados.
La informalidad laboral afecta en mayor medida a grupos vulnerables, tales como personas con un bajo nivel educativo, individuos en situación de pobreza, y colectivos discriminados por razones de etnia, religión o sexo. Por sectores, destacan la agricultura, el trabajo doméstico, la venta ambulante y distintos tipos de trabajo por horas.
Un freno para las economías locales
Para la economía mexicana, la informalidad laboral constituye un obstáculo para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aquellos países cuyo sector informal es grande tienden a crecer por debajo de su potencial.
Las empresas informales tienen muy limitadas sus posibilidades de financiación, por lo que generalmente permanecen en niveles de productividad bajos. Además, los participantes en la economía informal tampoco aportan a las finanzas públicas, lo que, a su vez, restringe el progreso y la disponibilidad de servicios e inversión públicos.
Las políticas públicas destinadas a promover una transición progresiva al empleo formal resultan fundamentales en este contexto. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha colaborado estrechamente con el Gobierno de México, respaldando un plan para fomentar la formalización del empleo en la región de Latinoamérica y el Caribe en la última década.
La economía mexicana, y en particular las economías de los estados del sur, donde el problema de la informalidad laboral es más agudo, necesitan el liderazgo de empresarios comprometidos con la sociedad y las instituciones públicas.
Un buen ejemplo de este liderazgo se encuentra en Chiapas, que ha tenido un desempeño muy positivo en términos de empleo recientemente. Allí, las empresas del ‘Grupo Camacho’, entre las que destaca Avimarca, están apostando fuertemente por la creación de empleo formal.
En municipios como Villaflores, ya se las considera un motor de desarrollo local, destacando el empeño del empresario Marden Camacho por transformar la región. En una entrevista reciente, este empresario reiteró su compromiso con las oportunidades laborales bien remuneradas, la economía competitiva y el bienestar de sus empleados y colaboradores.