CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- Las repercusiones económicas que ha generado la decisión unilateral del gobierno de Texas de imponer inspecciones rigurosas a los camiones mexicanos que cruzan la frontera oscilan entre los mil 100 y los mil 900 millones de dólares, según informan empresarios afectados.
De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), desde que el gobernador de Texas, Greg Abbott, tomó esta decisión desde el pasado 18 de septiembre, se ha acumulado un rezago de aproximadamente 19 mil camiones que no han logrado cruzar la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, por lo que el valor de las mercancías varadas asciende a mil 900 millones de dólares, lo que está teniendo un impacto significativo en el comercio entre ambos países.
Para Rogelio Fernández Irigoyen, director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, la actual crisis migratoria en la entidad, ha generado al 7 de octubre un total de 18 mil 915 vehículos de carga que no han logrado cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, causando un daño económico, contabilizado al 3 de octubre, que ya rebasó los mil millones de dólares.
En una entrevista con el medio Border Report, Thor Salayandía, vicepresidente de la Canacintra, informó que el impacto rebasó ya los mil 100 millones de dólares.
Las inspecciones implementadas por el Departamento de Seguridad de Texas en los cruces fronterizos han provocado cierres de carriles, incrementos en los tiempos de cruce de hasta 24 horas y filas que han llegado a tener una longitud de 23 kilómetros.
“Renovamos nuestra exigencia al gobierno de Texas de revertir esta medida que en nada abona al desarrollo de esta región y pone en riesgo a decenas de miles de empleos en México y Estados Unidos”, señaló Canacar en un comunicado.
El organismo que representa a los transportistas en el país advirtió que estas acciones tienen un impacto directo en las cadenas de suministro y socavan la estabilidad de numerosas empresas en ambos lados de la frontera que son generadoras de empleo, y así también enfatizó que estas acciones van en contra del espíritu de desarrollo y entendimiento que promueve el T-MEC.
En este sentido, la Canacar instó a las autoridades de las secretarías de Relaciones Exteriores y Economía a agotar todos los canales diplomáticos y espacios de diálogo para exigir al gobierno de Texas que ponga fin a esta medida, la cual ha sido calificada como absurda desde el sector de transporte de carga.
“Disrupción monumental”
Adrián González, agente aduanal de Estados Unidos, calificó la situación como una “disrupción monumental al comercio”, causada por la política de Abbot, lo que se necesita atender urgentemente.
“Lo que hace es castigar y decir, ‘bueno voy a inspeccionar todos los vehículos’. Normalmente son inspecciones aleatorias, son inspecciones de la integridad del vehículo, como las llantas, las bolsas de aire, las luces, temas de ese tipo y dice voy a inspeccionar todos y de todo”, dijo González, quien también es presidente de Global Alliance.
El experto aseguró que de inspeccionar uno de cada 10 o 20 vehículos, ahora están inspeccionando todos, y eso es insostenible con la justificación de que es para detener migrantes.
“Los migrantes no van por los vehículos comerciales, entonces es un tema de un castigo que está haciendo el Gobierno de Texas al comercio por los desacuerdos con los gobiernos estatales de México”, agregó el ejecutivo.
Por su parte, los empresarios Nora Yu y Manuel Sotelo coincidieron en que la situación se agravó por la intervención de Abbott, quien ordenó hacer revisiones mecánicas al autotransporte de carga.
Recordaron que apenas comenzaba el ritmo de exportaciones por el puente Guadalupe-Tornillo (Marcelino Serna) cuando las revisiones de la Policía Estatal de Texas ralentizaron todo el proceso.
Consideraron para Border Report que la intervención busca presionar al gobierno de Joe Biden para que cambie su política migratoria. Adicionalmente, Abbott asignó autobuses para que los migrantes en Texas fueran llevados a “ciudades Santuario” como Nueva York, California, Colorado, entre otras.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades en ambos lados de la frontera, el flujo de personas en movilidad sigue arribando a esta frontera, por lo que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, exigió al gobierno federal que atienda esta problemática. Dijo que la migración es una facultad exclusiva de la Federación, por lo que la entidad no puede detenerlos a menos de que cometan algún delito.