Economía

Seis de cada 10 pesos que ingresan al FMP se ‘esfuman’ en gasto corriente del Gobierno

El principal beneficiario de la renta petrolera del país es el Gobierno Federal, ya que la mayoría de estos recursos se destinan al pago de salarios, remuneraciones y gastos administrativos.

Uno de los principales problemas del FMP es su diseño, ya que solo existen dos mecanismos para que los recursos que ingresen al fondo puedan permitir un ahorro de largo plazo. [Fotografía. Especial]

El objetivo del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) de generar un ahorro de largo plazo para el país no se ha materializado, ya que prácticamente el 60 por ciento de los 3.56 billones de pesos de ingresos petroleros que ha recibido el fondo entre 2015 y 2022 se han destinado al gasto corriente del gobierno en turno, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En la práctica, el principal beneficiario de la renta petrolera del país es el Gobierno Federal, ya que la mayoría de estos recursos se destinan al pago de salarios, remuneraciones y gastos administrativos, en vez de destinarlo a inversión productiva, indicó el think tank en el estudio “¿Administrar la abundancia?, propuestas para rediseñar el Fondo Mexicano del Petróleo.

“Esta situación ha obstaculizado la capacidad del Fondo para funcionar verdaderamente como un fondo soberano que le permita al país ahorrar e invertir los ingresos petroleros con una visión de desarrollo de largo plazo, o bien, reservar dichos recursos para su uso por parte de las siguientes generaciones de mexicanos”, indicó el IMCO.

Uno de los principales problemas del FMP es su diseño, ya que solo existen dos mecanismos para que los recursos que ingresen al fondo puedan permitir un ahorro de largo plazo.


El primero de ellos establece que los ingresos petroleros deben ser mayores al equivalente del 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del año en curso.

Respecto a la segunda condición, se indica que cuando los ingresos recibidos sean considerablemente mayores a los estimados en la Ley de Ingresos de la Federal (LIF) del ejercicio correspondiente, es cuando habrá oportunidad de generar excedentes petroleros netos.

Sin embargo, el IMCO afirmó que, en la práctica, ambas condiciones son difíciles de cumplir.

“Muestra de ello es que, a lo largo de los ocho años de existencia del fondo, solo en una ocasión se transfirieron recursos a su reserva de ahorro de largo plazo, además, los ingresos petroleros nunca han superado 4.7 por ciento del PIB, por lo que no se han incorporado recursos a la reserva del Fondo mediante este mecanismo”, indicó el think tank.


En los últimos ocho años la renta petrolera ha oscilado en un rango de entre 0.8 y 2.4 por ciento del PIB, e incluso en 2022, año en el que los ingresos petroleros alcanzaron su mayor monto en el periodo analizado (636.5 millones de pesos), estos apenas representaron 2.3 por ciento del PIB.

Para que en 2022 los ingresos petroleros hubiesen superado el 4.7 por ciento del PIB, estos deberían haber ascendido a, cuando menos, 1.32 billones de pesos, es decir, deberían haber sido 107.7 por ciento mayores a los observados.

Ante esta situación, el IMCO propuso un rediseño del fondo de tal forma que se permita crecer la reserva de largo plazo, al mismo tiempo que este se convierta en un mecanismo clave de financiamiento climático para acelerar la transición energética de México.

“Se podría reducir el umbral de 4.7 a 1.5 por ciento del PIB para garantizar que una proporción significativa de la renta petrolera se ahorre en el FMP con miras a invertir dichos recursos y emplear los intereses generados para financiar inversiones productivas vinculadas con la transición energética”, propuso la organización liderada por Valeria Moy.

Bajo este escenario, el FMP habría logrado ahorrar un estimado de 753 millones de pesos a lo largo de los últimos ocho años.

Al cierre de octubre de 2023 la reserva del FMP es de 18.9 mil millones de pesos. Esta cantidad equivale al 0.06 del PIB del país en 2022 o al 0.53 por ciento del total de ingresos petroleros que ha obtenido el Estado desde enero de 2015.

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