Al sector privado le preocupa que el Gobierno Federal profundice su estrategia de reestatización de ciertas actividades económicas, ahora con la ocupación temporal de la planta de hidrógeno en Tula, Hidalgo, de Air Liquide México a favor de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseveró que esta situación atenta a la seguridad jurídica y daña el ambiente para la atracción de inversiones frente al nearshoring.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación y nuestro rechazo a las acciones de expropiación llevadas a cabo por el Gobierno Federal”, indicó el organismo patronal.
Alertó que el Gobierno implementa una estrategia de reestatización de algunos rubros económicos y cuya manifestación más preocupante es la apuesta por militarizar dichas tareas, como la compra, gestión y distribución de medicamentos y la operación de una línea aérea.
“Estas acciones lejos de representar un acto de soberanía, se convierten en un preocupante mensaje de arbitrariedad y un atentado a la seguridad jurídica” y agregó que “México no puede darse el lujo de ahuyentar inversiones ni de mostrarse ante el mundo como un país con un frágil Estado de derecho”, señaló la Coparmex.
Lo anterior fue mencionado en relación al decreto por el que el Gobierno declaró el viernes pasado de utilidad pública la conservación y prestación del servicio de suministro de hidrógeno, su uso, aprovechamiento, operación y explotación, de la planta productora de hidrógeno U-3400, ubicada al interior de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hidalgo.
El sector industrial también se pronunció al respecto. Aseguró que es una situación que les inquieta.
“Es un tema que como industria nos preocupa, porque los industriales siempre han promovido la inversión y decisiones así podrían desalentarla”, manifestó José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).
Por muchos años México se ha caracterizado por ser un país abierto a la inversión en beneficio de la economía. “Hay que cuidar la inversión, porque es parte importante de la economía nacional y es necesario seguir alentándola”, complementó el líder industrial.
Estado de derecho, fundamental
El respeto a los derechos de propiedad en México es un tema delicado si se pretende que el país sea un destino atractivo para la inversión, instó Mariana Campos, directora general de México Evalúa.
Coincidió con la percepción de Coparmex sobre los desfavorables resultados del gobierno como administrador de empresas. Como ejemplo están los estados financieros de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Si alguien no puede transgredir el Estado de derecho es el gobierno. Tenemos que aceptar que vivimos en un contexto de debilidad institucional. Sí hay una agravante de que quien esté transgrediendo el Estado de derecho sea el propio gobierno con este tipo de medidas” dijo la experta en entrevista.
Reiteró que es inquietante lo que ocurre con la planta ubicada en Hidalgo. En su visión, se trata de una política pública del gobierno “buscando ser empresario”, al recordar la operación de Mexicana de Aviación como empresa de los militares, así como el Tren Maya administrado por una empresa militar.
“Tenemos un conjunto de nuevas hazañas para que el gobierno tenga más empresas estatales y no ha logrado tener una buena administración de éstas”, refirió Mariana Campos.
Añadió que es necesario que se separen las finanzas públicas de la operación de las empresas estatales a fin de fomentar la transparencia.
En esta política pública de emprendimientos genera preocupación cuáles son las prioridades del gobierno, si en ser empresarios o en garantizar el cumplimiento de los derechos en México. “Es un tema de prioridades”, externó.