Eliminar los órganos autónomos en materia energética representaría un enorme retroceso para México, ya que el sector requiere técnicos que puedan tomar decisiones que garanticen las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del sector, por lo que las candidatas a la presidencia de México deben priorizar despolitizar este tema, señalaron especialistas consultados por El Financiero.
“Debemos alejarnos de criterios unipersonales y de caprichos momentáneos, las candidatas a la presidencia deben despolitizar la toma de decisiones en materia energética, pero también en competencia económica y telecomunicaciones, de esa manera, seremos un país que pueda brindar certidumbre jurídica a las empresas que desean invertir aquí”, indicó Juan Francisco Torres Landa, socio de la firma legal Hogan Lovells.
Consideró que al continuar con la narrativa presidencial de eliminar a órganos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), habría un retroceso al México de los 70′s, cuando no había organismos técnicos que ayudaran al gobierno a tomar decisiones para desarrollar al sector energético.
La propuesta presidencial de eliminar a los órganos autónomos del país requiere de una reforma constitucional que cuente con el respaldo de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y Senadores, sin embargo, Morena no cuenta con los votos necesarios para llevarla a cabo.
Si el presidente de México o la candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, desean continuar con la idea de eliminar a los órganos autónomos, se podría recurrir a un ‘plan b’ en el que no sea necesario una mayoría calificada.
“Con una reforma legislativa podría quitarle varias de sus atribuciones a la CRE, lo que la convertiría en un órgano obsoleto, ya que, aunque no dejaría de existir, debido a que el artículo 28 constitucional la reconoce como un órgano regulador coordinado en materia energética, así que seguiría existiendo, pero con menos funciones”, señaló Bernardo Cortés, socio de la firma Cortés Quesada abogados.
El especialista legal consideró que los cambios legales se podrían enfocar, principalmente, en la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y en la Ley sobre órganos reguladores coordinados en materia energética.
“Son tres leyes secundarias que no son constitucionales y que solamente requieren de una mayoría simple para ser aprobadas, sin embargo, una modificación así podría generar controversias a nivel constitucional y provocar una ‘lluvia’ de juicios de amparos”, subrayó el abogado.
Al respecto, Marcial Diaz Ibarra, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), señaló que una de las contradicciones del discurso presidencial respecto a la eliminación de los órganos autónomos, como la CRE, se enfoca en el presupuesto, ya que, si se quisieran desaparecer, no se entiende por qué le siguen incrementando su presupuesto anual.
“Para el ejercicio de 2023 se le autorizaron 269 millones de pesos, y para el último año del sexenio se le brindaron 285 millones de pesos, estás hablando de 16 millones más, ¿para qué autorizas un mayor presupuesto a un órgano que quieres desaparecer si consideras que no sirve para nada?”, cuestionó el especialista.
Por otra parte, Alicia Zazueta, presidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), señaló que la eliminación de los organismos autónomos pondría en riesgo el desarrollo energético de México.
“La desaparición de estos organismos podría traer un aumento de los precios de los energéticos, una disminución de la competencia en los sectores regulados y una reducción de la transparencia y la rendición de cuentas”, señaló la directiva.