El anteproyecto presentado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para regular el intercambio de cilindros de gas LP tendría serias implicaciones para millones de hogares en todo el país.
Aunque la intención de la CRE es mejorar la seguridad y el mantenimiento de los cilindros, expertos como Tzirancamaro Figueroa, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADIGAS), advierten que la medida podría crear más problemas que soluciones para los consumidores.
De aprobarse, esta nueva normativa podría, los usuarios se verían obligados a comprar gas únicamente con la empresa propietaria del cilindro que poseen, eliminando la posibilidad de elegir entre diferentes proveedores basándose en precio o calidad de servicio.
Muchas familias mexicanas utilizan el gas LP “hasta la última gota”, por lo que con la nueva regulación, si se quedan sin gas, tendrían que esperar específicamente al proveedor dueño del cilindro, lo que podría resultar en situaciones de emergencia al no poder cocinar o calentar agua.
Además, al limitar la competencia, las empresas podrían tener menos incentivos para mantener precios competitivos, potencialmente llevando a un aumento en el costo del gas para los consumidores.
Si se considera que los cilindros de gas son la opción preferida por los sectores de menores recursos, esta medida podría afectar desproporcionadamente a las familias más vulnerables. También existe la preocupación de que esta medida pueda resultar en una “seudo expropiación” del derecho de propiedad que tienen los hogares sobre sus cilindros.
Por ahora, la CRE está revisando los comentarios recibidos y se espera una versión actualizada del anteproyecto.
El precio del gas registró un aumento del 22.9 por ciento a tasa anual durante la primera semana de julio, y es el segundo incremento más grande en lo que va del año luego del aumento registrado en febrero, en el que el promedio nacional alcanzó los 20.9 pesos por kilo.