México ya vive una crisis constitucional que se podría agudizar si se acata o no la decisión de la Suprema Corte sobre la reforma al Poder Judicial, dijo José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al identificar los riesgos que plantea para la inversión y el empleo.
“Ya estamos en una crisis constitucional desde el momento en que un Poder no acata lo que otro Poder mandata. Estamos en ese momento crucial para nuestro país que nos exige tomar posturas y convertirlas en acciones contundentes, por eso, estaremos muy atentos a lo que el día de mañana (hoy) la SCJN decida sobre esta reforma judicial y desde luego, el cómo se acate esa decisión por parte de los poderes legislativo y ejecutivo”, dijo en conferencia el líder empresarial.
A la víspera de la decisión que tome este martes la Suprema Corte sobre la reforma judicial, el sector patronal hizo uso del recurso que tiene la ciudadanía para exponer argumentos que abonen su revocación ante el impacto que causa a cada ciudadano y a cada empresa.
“Hemos presentado un amicus curiae, que refuerza los argumentos técnicos y jurídicos en defensa del Estado de derecho y de la independencia judicial en México”, reveló Medina Mora, y reiteró que la certeza jurídica es un requisito indispensable para la inversión.
“Un sistema judicial politizado ahuyenta las inversiones, afecta la creación de empleo y limita nuestro potencial como destino seguro para el capital extranjero”, agregó el presidente de la Coparmex, al señalar que resulta fundamental que la SCJN entienda los riesgos de la reforma, afecta el principio de acceso a la justicia y compromete la imparcialidad de los jueces y magistrados, pilares que sostienen la confianza ciudadana en el sistema judicial.
En este sentido, al no haberse acatado las suspensiones que se dictaron antes y posterior a la aprobación de la reforma judicial, se gestó la crisis constitucional y a partir de mañana se puede agudizar, consideró Marcos del Rosario, presidente del Comité de Consejería Jurídica de Coparmex Nacional.
“Si el ánimo del poder político, de los órganos de representación política es no acatar lo que resuelve el máximo órgano jurisdiccional, nos pone en una situación de grave crisis constitucional y una ausencia de Estado de derecho. En todo país que se jacte de ser democrático, existen reglas intrínsecas de lo que está en la Constitución se tiene que acatar por la autoridad”, dijo.
Por su parte, José Pablo Ramos Castillo, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, expuso que de inicio la ciudadanía cree que no tiene efecto directo la reforma al Poder Judicial, pero lo hará directa o indirectamente, “es una forma trascendental y posiblemente grave desde la inversión e incluso por las inflaciones que se puedan venir de las crisis económicas posteriores”, alertó el experto.
“Estamos en crisis desde hace ratito porque desde el momento en el que se decidieron no respetar las suspensiones de los tribunales judiciales federales, en ese momento empezamos en crisis porque abiertamente, dos poderes decidieron que el otro poder no era lo suficientemente apto para emitir las resoluciones y entonces el sistema de pesos y contrapesos se vio mermado, dejó de existir formalmente la división de poderes”, explicó.
“Parece que no hay ley”
Por su parte, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, dijo que el país ha transitado rápidamente a este escenario de una posible crisis constitucional.
“Parece que no hay ley, que no se respeta lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se llega a dar, el tipo de cambio subiría por encima de los 21 pesos por dólar, también una salida de capitales, esto refleja miedo”, dijo Siller.
Recordó que se llegó a plantear la posibilidad de alivianar la reforma judicial, pero no fue así e incluso dijo que la “reforma de supremacía creo que ha generado más miedo que la reforma al Poder Judicial”.
“Las agencias calificadoras lo tomarían como algo negativo, si bien esperan el Paquete Económico, hay una alta probabilidad de cambio en la perspectiva de la calificación crediticia de la nota soberana”, apuntó la especialista.
Juvenal Lobato, socio director del despacho Lobato Díaz Abogados, consideró que las consecuencias de una crisis constitucional son más políticas que jurídicas, pero derivaría eventualmente en el incumplimiento de las sentencias.
“Las consecuencias serían más políticas porque ellos no quisieran cumplir (legislativo)… a los ministros se les iniciaría un juicio político, entonces pudiéramos entrar en esta crisis”, añadió en referencia a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que aseguró que el gobierno está preparado en caso de que se anule la reforma.
“Es un tema delicado... de los jueces de distrito, solo un porcentaje muy bajo son los que van a buscar el proceso de elección, eso significa que vas a tener un mayor porcentaje de jueces que no van a tener la capacidad y la carrera”, dijo Lobato.