El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría tener múltiples implicaciones en la estabilidad económica y financiera de los estados mexicanos, sobre todo aquellos con un fuerte vínculo con el comercio, la inversión y las remesas, señaló Fitch Ratings.
En un análisis expuso que, por un lado, la política de comercio exterior de Trump, con su enfoque proteccionista, podría afectar a los estados mexicanos
Además, la revisión del T-MEC podría aumentar las barreras comerciales, con un especial impacto a Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
“Un aumento en los aranceles y políticas de importación más estrictas podría reducir la competitividad de los productos mexicanos en el mercado estadounidense, disminuiría los ingresos fiscales derivados de la actividad económica y afectaría la elevación del impuesto sobre la nómina”, alertó la calificadora.
En tanto, también observó un impacto en la Inversión Extranjera Directa (IED) y el nearshoring por la incertidumbre política y económica generada por la victoria de Trump. Por ello, Baja California, Ciudad de México, Nuevo León y San Luis Potosí podrían ver una reducción en proyectos nuevos de inversión si las políticas de la nueva administración en Estados Unidos se enfocan en repatriar la producción manufacturera.
Política de inmigración de Trump reducirá el flujo de remesas en México
Sobre las remesas dijo que son una fuente crucial de ingresos para Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Por lo tanto, las políticas de inmigración más estrictas de Trump podrían reducir el flujo de estas divisas, lo que afectaría el consumo y la estabilidad financiera de estas regiones.
“Una disminución en las remesas podría impactar directamente la demanda interna y calidad de vida de las familias que dependen de estos ingresos, afectando la capacidad fiscal de los estados y aumentando el gasto social debido al incremento en la demanda de servicios públicos y programas sociales”.
Aunado a esto, agregó Fitch, la necesidad de reorientar el gasto público hacia necesidades inmediatas podría obligar a los estados a ajustar su presupuesto y postergar proyectos de infraestructura crítica, afectando el desarrollo a largo plazo.
En consecuencia, anotó por último, los estados podrían recurrir a un endeudamiento mayor por una posición de liquidez presionada. “Esto incrementaría los niveles de deuda pública y los costos de servicio de la deuda, limitando su sostenibilidad y la capacidad de los estados para invertir en el futuro”, concluyó.