El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo prometiendo sacudir Washington. Unas 24 horas caóticas dan una idea de cómo podría resultar eso.
El Gobierno de Trump afirma que realiza una “revisión ideológica generalizada” para erradicar iniciativas progresistas.
El plan de la administración Trump sumió al gobierno de Estados Unidos —y a los estados y organizaciones que dependen del financiamiento federal— en el pánico y la confusión y preparó el escenario para un enfrentamiento constitucional por el control del dinero de los contribuyentes.
El sorpresivo anuncio de Trump para detener billones de dólares en fondos federales para asegurarse de que los desembolsos de las agencias gubernamentales estén alineados con su agenda “Make America Great Again” sembró el pánico en Washington y entre los funcionarios locales de todo el país.
Los funcionarios de la administración Trump dijeron que la decisión de detener los préstamos y las subvenciones —un salvavidas financiero para los gobiernos locales, las escuelas y las organizaciones sin fines de lucro— era necesaria para garantizar que el gasto cumpla con las recientes órdenes ejecutivas firmadas por Trump, que llegó al gobierno el 20 de enero pasado. El presidente republicano quiere aumentar la producción de combustibles fósiles, eliminar las protecciones para las personas transgénero y poner fin a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Antes de que un juez suspendiera temporalmente la orden de congelar los fondos, los legisladores respondieron a las llamadas de los electores preocupados, los demócratas denunciaron lo que consideraban una apropiación inconstitucional de poder e incluso algunos de los aliados republicanos de Trump expresaron su inquietud por la escala y la rapidez de las medidas. ¿Se les iba a quitar el tratamiento a los pacientes ancianos con cáncer? ¿Los niños de las escuelas tendrían que quedarse sin almuerzo?
La orden parecía afectar a una amplia gama de programas que abarcaban desde iniciativas contra la pobreza hasta investigación médica, así como otras formas de ayuda a estados, ciudades y escuelas. En medio de las preguntas y la confusión, la Casa Blanca se vio obligada a emitir un segundo memorando que dejaba claro que sólo se verían afectados un espectro algo más reducido de programas, dejando intactos Medicaid, la Seguridad Social y la asistencia para el alquiler.
Eso alivió algo del pánico, pero los temores volvieron a surgir cuando algunos estados informaron dificultades para acceder a los portales de Medicaid y otros programas sociales, mientras que una organización sin fines de lucro en Colorado dijo que estaba excluida de los sistemas utilizados para acceder a fondos para atención médica y vivienda.
La magnitud del caos y la confusión sirvió como otro recordatorio del impacto del deseo de Trump de actuar con rapidez y decisión en los primeros días de su administración, en su intento de reestructurar el gobierno para que se alinee con su visión. La orden está en línea con las reiteradas promesas de Trump de atacar las iniciativas que su administración cree que han sido corrompidas por “ideologías de izquierda” en materia de género, diversidad y atención médica.
Como parte de sus primeras acciones de Gobierno, Trump puso fin a los programas de diversidad, inclusión y equidad (conocidos como DEI).
“El uso de recursos federales para promover la equidad marxista, el transgenerismo y las políticas de ingeniería social del New Deal Verde es un desperdicio de dinero de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos”, escribió Matthew Vaeth, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto, en el memorando.
La Casa Blanca recibió un amplio, aunque incompleto, apoyo entre los legisladores republicanos a la amplia orden de Trump, aun cuando esencialmente cede el control del gasto del poder legislativo a la presidencia.
“No tengo preocupaciones”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a los periodistas el martes por la noche en una conferencia del Partido Republicano en el resort de Trump en Doral, Florida. “Lo apoyo plenamente”.
Otros republicanos influyentes, entre ellos John Thune, Joni Ernst y Tom Cole, respaldaron la medida. Algunos aliados del presidente han argumentado que Trump debería intentar recortar el gasto público simplemente no distribuyendo fondos.
“Los frenos han desaparecido”, dijo Brian Riedl, miembro senior del Manhattan Institute y ex economista jefe del senador republicano Rob Portman.
La orden sirvió como prueba de hasta qué punto los republicanos apoyarían la agenda de Trump. En el pasado, los legisladores han sido estridentes en afirmar su control sobre los resortes de la bolsa del gobierno, por lo que fue una sorpresa que estuvieran dispuestos a acatar la decisión unilateral de la Casa Blanca de cerrar el grifo. Su aquiescencia podría indicar cuán maleable se ha vuelto el partido en lo que respecta a las iniciativas de Trump y allanar el camino para que su administración vaya más allá en otros asuntos.
¿Qué fondos federales está deteniendo Trump con esta orden?
El alcance completo de la revisión que el gobierno de Trump hará a los fondos federales se detalló en una planilla de 51 páginas enviada a las agencias federales y vista por The Associated Press. Cada línea era una iniciativa gubernamental diferente, desde la seguridad en las piscinas hasta el desarrollo de la fuerza laboral tribal y la educación especial.
Los funcionarios recibieron instrucciones de responder una serie de preguntas con respuesta afirmativa o negativa para cada elemento de la lista, entre ellas, “¿este programa promueve la ideología de género?” o “¿este programa promueve o apoya de alguna manera el aborto?”. Las respuestas deben entregarse antes del 7 de febrero.
Es posible que se estén revisando billones de dólares. También se supone que se suspenderán las subvenciones que se han otorgado pero no se han gastado si pueden violar alguna de las órdenes ejecutivas de Trump.
En 2023, las subvenciones federales a los gobiernos estatales y locales ascendieron a 1.1 billones de dólares, o el 18 por ciento de todos los desembolsos, según un informe de abril de la Fundación Peter G. Peterson, un grupo de investigación.
La ciudad de Nueva York prevé recibir 9.600 millones de dólares en subvenciones federales en el año fiscal 2025, que finaliza el 1 de julio, según el interventor Brad Lander, lo que equivale aproximadamente al 8.3 por ciento del presupuesto. En San Francisco, aproximadamente el 11 por ciento del presupuesto de 15.900 millones de dólares de la ciudad provino de fondos federales.
Los legisladores demócratas de estados como Nueva York, Illinois y Oregón informaron el martes de problemas para acceder a los portales de Medicaid y otros programas sociales, horas después de que se publicara el memorando. La fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, dijo que el estado intentó retirar casi 40 millones de dólares de Medicaid el lunes y que aún no ha recibido el pago.
Mientras los funcionarios demócratas estaban preocupados por el impacto, los partidarios republicanos vieron la política como un reflejo de la voluntad de los votantes de Trump.
Thune, el líder de la mayoría del Senado, restó importancia a la histórica congelación, calificándola de “práctica normal al comienzo de una administración”. Cole, quien preside el comité que supervisa todos los fondos del gobierno, calificó la medida de “prudente”.
Los demócratas del Congreso dijeron que la orden de Trump es una maniobra inconstitucional para eludir el poder del Congreso sobre el dinero. La senadora Patty Murray, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones Presupuestarias, dijo que la orden ha desatado un “pánico absoluto” entre las escuelas, los centros de salud comunitarios y otras organizaciones que dependen de préstamos y subvenciones federales.
El pánico se calmó un poco por la tarde después de que la Casa Blanca publicara un segundo memorando en el que se decía que las instrucciones de la oficina de presupuesto no tenían por objeto congelar el gasto de manera generalizada. El documento decía que los funcionarios “podrían conceder excepciones” caso por caso y eximía las transferencias directas a personas físicas.
El juez federal de distrito Loren AliKhan bloqueó temporalmente la aplicación de la nueva directiva por parte de la administración Trump este martes por la noche durante una audiencia en Washington. La orden fue en respuesta a una demanda presentada por una coalición de organizaciones que impugnan la congelación de los pagos. La demanda afirma que incluso una suspensión temporal de la financiación podría “privar inmediatamente a las personas y las comunidades de sus servicios vitales”, incluida la atención médica, el apoyo a las pequeñas empresas y los programas para la comunidad LGBTQ.
El memorando también aborda una cuestión constitucional potencialmente espinosa: si el poder ejecutivo tiene alguna capacidad para detener el gasto que ya ha sido aprobado por los legisladores. La Constitución de Estados Unidos otorga explícitamente al Congreso el control sobre cuánto puede gastar el gobierno.
Con información de AP.