Avanzar en una agenda pública que permita mantener un clima de negocios sano y consolide a México como un país seguro y atractivo para la inversión es necesario, y la creación del Sistema Nacional de Transparencia es uno de los cambios estructurales más importantes al constituir uno de los pilares de la democracia; "pieza indispensable de la rendición de cuentas y de la lucha contra la corrupción", señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En su mensaje semanal, Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional del sindicato patronal, expuso que la transparencia implica que todas las instituciones que manejan recursos públicos pongan a disposición de los ciudadanos información oportuna y suficiente, "para que podamos evaluar si los funcionarios realmente utilizan con eficacia los recursos que les pone la hacienda pública en sus manos", dijo y recordó que en abril vence el plazo para que las entidades, gobiernos y Congresos locales armonicen sus portales para cumplir con las nuevas obligaciones de transparencia y el nivel de cumplimiento es muy bajo.
Tras publicarse en mayo de 2015 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece nuevas disposiciones de observancia obligatoria para los gobiernos y los Congresos estatales; el INAI envió un decálogo a las entidades, para facilitar este proceso.
"El dictamen de la Ley Federal en la materia está en la Cámara de Diputados, confiamos en que sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones. Hacemos un llamado al Poder Legislativo para que también agilice el proceso de aprobación de la Ley General de Datos Personales y la Ley General de Archivos, que siguen pendientes en el Senado, pese a que desde febrero de 2015 venció el plazo legal para su aprobación. La transparencia no puede esperar más", advirtió.
De acuerdo con datos del World Justice Project, en su Índice de Gobierno Abierto 2015, México ocupó el lugar 42 de102 países en la apertura gubernamental de datos. De acuerdo con la legislación vigente, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible.
De Hoyos Walther señalo que el transparentar el uso de los recursos públicos es el primer paso contra la corrupción y debe complementarse con una constante vigilancia y contraloría ciudadana y de la autoridad anticorrupción.
"Necesitamos seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestras instituciones, para asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática", puntualizó.
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