Los empresarios del país representados en la máxima cúpula, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), demandan un alto definitivo a la disrupción de la CNTE en varias zonas del país de la legalidad, el orden y la paz pública y solicitan a los tres órdenes de gobierno "Honren su razón de ser y mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley", señaló Juan Pablo Castañón, presidente del organismo empresarial.
"Quiero ser muy claro: Nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos de todos por igual y se proteja a la población. El diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad pública, y menos aún si quien paga los costos y las pérdidas es la sociedad, son los ciudadanos", señaló en su comentario semanal.
El conflicto está generando afectaciones muy serias y cuantificables en una muy diversa gama de actividades. A los problemas de desabasto de productos básicos en las zonas donde se concentran las movilizaciones, se agregan los que padecen varias ramas industriales, comerciales y de servicios en regiones amplias e incluso con repercusiones nacionales, debido a bloqueos de carreteras, puertos y ferrocarriles.
El líder empresarial acusó la prevalencia con efectos en cadena de una disrupción aguda de ciclos de negocio y procesos productivos esenciales que para las comunidades y la subsistencia de las empresas, de sus empleados y trabajadores.
"No es de extrañar que, en esas condiciones, se estén dando paros técnicos en centros de trabajo, junto con la acumulación de pérdidas millonarias. El riesgo, totalmente real, es que estos paros se multipliquen", señaló.
Estimados del CCE indican que en el puerto de Lázaro Cárdenas la llegada de contenedores se ha reducido 17 por ciento, paralelamente a la suspensión intermitente del servicio ferroviario, en ocasiones con más de 150 trenes detenidos, con un costo promedio diario de 20 millones de pesos. A eso se suman las filas de camiones varados de hasta 15 kilómetros que se han registrado en algunas carreteras o en casos como el sector siderúrgico, que denuncia pérdidas por alrededor de 700 millones de pesos por falta de materiales.
En el sector turismo, la fiesta de la Guelaguetza de vital importancia para la economía oaxaqueña, se ha visto opacada con más de una tercera parte de los turistas que iban a asistir han cancelado su viaje.
"Hay que decirlo: los derechos humanos son de todos y estos no se limitan al de la protesta; los reclamos no pueden ser justificación para coartar las demás garantías legales que todos tenemos –libre tránsito para que se violente a las personas con esto y se dañe a las economías familiares. Las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de garantizar el respeto a la ley, evitando la anarquía y una fractura social que a nadie beneficia y no lleva a ningún destino positivo", dijo el líder empresarial.